En el estado de Texas se abrió una causa penal en contra de César Horacio Duarte Jáquez, Bertha Olga Gómez Fong, Olga Sofía Duarte Gómez, Olga Duarte Jáquez, César Adrián Duarte, “CAD Construction Inc”, Gabriela Armendáriz Chaparro y Manuel Alberto Garza, “por violación al gobierno mexicano de las leyes de adquisiciones mientras fue gobernador de Chihuahua”.
Según el Tribunal de Distrito de Texas, los demandados se encuentran defendidos por la firma de abogados Yetter Coleman, originarios de Houston, y la demanda refiere que César Horacio ordenó que el gobierno de Chihuahua celebrara varios convenios con contratistas que desviaron los pagos, por lo cual se iniciaron seis causas de acción de la ley estatal.
“Duarte conspiró con su familia y asociados para fugarse con estos recursos robados, que luego se utilizaron para hacer inversiones, comprar casas y automóviles de lujo en el Estados Unidos. Por lo tanto, el estado de Chihuahua presentó esta demanda para recuperar estos fondos. En consecuencia, un tribunal federal debe juzgar las reclamaciones de Chihuahua”, refiere la demanda actualizada al 14 de julio.
Dentro del Tribunal de Distrito de Estados Unidos por el Distrito Occidental de Texas, División El Paso, le siguen algunos puntos a César Horacio y sus familiares, temas como conversión, ley de responsabilidad por robo, confianza constructiva, conspiración civil, coyuntura y varias responsabilidades concentradas en el Código Penal de Texas.
Según el oficio que recibió el juez David C. Guaderrama en El Paso, la petición nombra a varias otras entidades e individuos como son a César Horacio, su esposa Bertha Gómez, una de sus hijas de nombre Olga Sofía; el hijo de nombre César Adrián; la hermana de César Horacio, Olga; la cuñada de nombre Gabriela Armendáriz y a la empresa CAD Construction de la propiedad de dos hijos del exgobernador.
Por parte del estado de Chihuahua, demanda varios inmuebles supuestamente comprados con fondos obtenidos de forma ilegal, pero no proporciona acusaciones sustanciales, o detalle, lo que indica que las propiedades fueron compradas con los fondos de Chihuahua, por lo cual el 30 de marzo de 2020, César y Bertha Gómez se presentaron para objetar en la corte estatal.
En la exposición de motivos refiere que no contiene acusaciones fácticas sobre la conducta de ningún acusado que no sea el señor Duarte y que a primera vista, ninguno de estos acusados tiene cualquier conexión de cualquier tipo con la supuesta conducta del involucrado, “la petición no cumple reclamo contra los coacusados del señor Duarte, Chihuahua agregó incorrectamente la queja, no contenía alegaciones de intención o conocimiento contra el individuo que apoya un reclamo de conspiración civil”.
“Los reclamos de Chihuahua ponen en tela de juicio la validez de las acciones públicas que la administración del señor Duarte supuestamente acogió a Chihuahua, a saber, la legalidad de los contratos. No contiene detalles de hecho, cita, como un ejemplo de conducta inapropiada del gobierno, la compra por la administración del señor Duarte de medicamentos para el cáncer supuestamente caros, que el gobierno luego distribuyó a pacientes en Chihuahua”, refiere los hechos que siguen en Texas.
Sin embargo, pese a que inició esa demanda civil, las autoridades en Texas analizan si los reclamos de “Chihuahua” surgen de una conducta que ocurrió en un estado extranjero (Chihuahua) de conformidad con el ejercicio de autoridad extranjera. Como tal, las afirmaciones necesariamente implican el acto de doctrina del estado que podría ser una desestimación del caso por ser inválidos a investigar.
A través de este proceso, el estado de Chihuahua buscará que el estado de Texas pueda resolver si los bienes de Duarte en el extranjero fueron adquiridos con recursos ilegales, los cuales se aproximan a los 25 millones de pesos, en propiedades, vehículos y otros bienes inmuebles con los que cuenta esta familia en los Estados Unidos.
