La reciente firma de un acuerdo entre la gobernadora Maru Campos Galván y el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López, puso fin a la guerra del agua en Chihuahua, un conflicto que se prolongó durante un año y diez meses dejando como saldo crisis económica en el campo de la región, una mujer muerta y cuatro campesinos detenidos, quienes están en espera de ser liberados.
De acuerdo con los archivos periodísticos, el antecedente de las protestas campesinas se ubica el 20 de diciembre de 2019, cuando la Comisión Nacional del Agua anunció su decisión de extraer un volumen de 1000 millones de metros cúbicos de la Boquilla y otros 100 millones de El Granero, para el pago correspondiente al Tratado Internacional de 1944.
En aquella ocasión hubo amagos de manifestaciones y toma de vías del tren, pero la dependencia federal reculó y todo volvió a la normalidad. Sin embargo, el martes 4 de febrero de 2020 se produjo el primer choque violento entre ciudadanos y los elementos de la Guardia Nacional, después de conocerse que éstos habían tomado La Boquilla para resguardarla, pues el 10 de enero un grupo de productores la ocupó tras saberse que la Conagua tenía intenciones de abrir el embalse.
Cientos personas de los municipios de Camargo, San Francisco de Conchos, La Cruz, Saucillo y Delicias se enfrentaron a los uniformados, a los que expulsaron durante algunas horas de la presa. Nuevamente la federación dio marcha atrás en su intento de desfogar la fuente de almacenamiento, por lo que se retiraron los campesinos y las instalaciones fueron retomadas por la Guardia Nacional.
Otro enfrentamiento fuerte se suscitó el jueves 26 de marzo a raíz del evento que la prensa bautizó como el “Boquillazo”. Esta vez, de manera unilateral, la Conagua abrió de más las válvulas para duplicar la extracción de volumen.
La reacción de los agricultores y sociedad en general fue inmediata: se bloquearon las vías del tren en Delicias, donde quemaron camionetas de la Conagua y tramos carreteros fueron cerrados por los campesinos, pero lo más notorio fue el enfrentamiento en la derivadora de “Las Pilas”, municipio de Camargo, donde civiles y militares intercambiaron pedradas, además que salieron a relucir por primera vez los gases lacrimógenos.
En el lugar se encontraban vehículos propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, de los que uno fue arrojado al agua y otro fue incendiado por los manifestantes. Otra vez la Conagua desistió de su empeño y la extracción se redujo horas después al volumen necesario para el riego agrícola.
Casi cuatro meses después ocurrirían tres confrontaciones más, pero esta vez en la presa Francisco I. Madero. Fue el domingo 19 de julio, cuando se conoció la noticia de que “Las Vírgenes” había sido ocupada por las fuerzas armadas. En el transcurso de ese día los productores intentaron tres veces romper el vallado de la Guardia Nacional, cuyos elementos respondieron violentamente con gases lacrimógenos y disparando balas de goma para dispersar a la gente.
Diez días después llegó el “miércoles negro”, fecha en que las protestas degeneraron en la quema de los edificios públicos de la Conagua, Lerdo de Tejada y Secretaría de Hacienda en Delicias, eventos donde no se vio actuar a la Guardia Nacional para impedir el daño patrimonial.
El ambiente de tensión continuó todo el mes de agosto, cuando se aseguraba la inminente apertura de La Boquilla, lo cual ocurrió efectivamente el domingo 6 de septiembre. No hubo en esta ocasión una movilización inmediata de los defensores del agua, sino que el martes 8 se realizó una caravana de vehículos desde Delicias hasta el monumento al Pescador en San Francisco de Conchos, donde la intención era manifestarse pacíficamente.
Sin embargo, los agricultores se desesperaron y fueron dispuestos a retomar el control de La Boquilla, donde ya los esperaban cientos de militares. Tras un ultimátum a los efectivos castrenses, los campesinos entraron por la fuerza sin importar que les arrojaran gas lacrimógeno. Otro grupo accedió por entre los cerros. Superados en número, los elementos de la Guardia Nacional y del Ejército se retiraron derrotados y la presa quedó bajo control de los agricultores hasta este viernes.
Horas más tarde fueron detenidos por la Guardia Nacional tres agricultores originarios del municipio de La Cruz: Rosendo L, Juan L, y Juan R, acusados del delito de terrorismo por llevar en su vehículo algunas latas de gas lacrimógeno vacías.
La misma noche ocurrió en Delicias la muerte, a manos de elementos de la Guardia Nacional, de Jéssica Silva Zamarripa, cuyo esposo resultó con lesiones severas de las que apenas se está recuperando. La pareja fue atacada a balazos cuando venía de participar en la toma de la presa.
El lunes 26 de octubre, al mismo tiempo que ocurrió lo propio en la presa Francisco I. Madero, la cual fue entregada el viernes 30 de octubre por mandos militares a José Ramírez Licón, presidente municipal de Rosales.
Posteriormente, el 22 de julio de 2021 fue detenido el líder agrícola Andrés Valles Valles por los delitos de motín, robo de vehículo y ataques generales a las vías de comunicación, uniéndose a los tres campesinos detenidos, quienes esperan ser libertados después del acuerdo firmado entre la gobernadora del estado y el Secretario de Gobernación.
