A cerca de un año de que el Ayuntamiento de Cusihuiriachi interpusiera una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por irregularidades en el cobro del impuesto predial por parte de la anterior administración municipal, es hasta la presente semana cuando el alcalde de dicho municipio, Cayetano Ordóñez Rodríguez, logrará una reunión con el Fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín, esto con el fin de conocer los avances de las indagatorias.
El edil explicó que fue durante el mes de enero del año 2022, cuando se detectaron una serie de inconsistencias en la recaudación de impuesto predial, toda vez que una cantidad importante de contribuyentes aparecieron en la lista de morosos.
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Lo anterior causó polémica luego de que los ciudadanos comprobaron con recibos sellados por la administración 2018-2021, encabezada por Abel Ordóñez, que se pago en tiempo y forma con el principal ingreso del Municipio, lo que generó incertidumbre al no ingresar el recurso correspondiente a las arcas de la Presidencia.
Cayetano Ordóñez informó que la cantidad no ingresada por el cobro del predial del año 2021 supera los 500 mil pesos, cantidad que refirió es sumamente elevada al tomar en cuenta el porcentaje de contribuyentes que tiene el municipio.
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Al corroborar que el dinero nunca ingresó a la Tesorería, se procedió a informar del asunto a los integrantes del Ayuntamiento, quienes acordaron junto con el edil interponer la respectiva denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.
No obstante, tras cerca de un año de proceder legalmente, no se ha dado ningún tipo de información sobre los avances de las investigaciones que realiza dicha dependencia, por lo que se solicitó una reunión con Abelardo Valenzuela, quien confirmó una cita “relámpago” durante la presente semana, la cual se preveía fuera en el Cabildo de Cusihuiriachi, sin embargo, se cambió a la ciudad de Cuauhtémoc a un conocido restaurante.
Además de la denuncia por irregularidades en el cobro del Predial, el alcalde indicó que existe otras inconsistencias que también fueron reportadas a las respectivas instancias estatales, tal es el caso de fraccionamiento irregulares en los que la anterior administración municipal aprobó los permisos de suelo a muy bajo costo.
Ordóñez Rodríguez señaló que por este concepto se dejó de ingresar al Municipio cerca de 7 millones de pesos, de los cuales únicamente se cobraron 70 mil pesos, ya que dichos permisos requieren de diversos estudios que eviten a los ciudadanos comprar problemas como también generar inversiones a la autoridad local con la instalación de servicios.
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