Tras varios años de nula respuesta de autoridades a problemática que enfrentan pueblos de la sierra Tarahumara, la organización” Consultoría Técnica Comunitaria A.C” (Contec), está trabajando para hacer justicia para las comunidades de “El Manzano” y “Monterde”, de la Sierra Tarahumara, comunidades que han enfrentado la violencia de grupos delictivos organizados que buscan explotar sus tierras, lo que ha llevado a la expulsión forzada de 120 personas desde 2014.
Luego de presentar antes organismos defensores de los derechos humanos de Europa la problemática que sufren pueblos originarios de la sierra chihuahuenses, la directora de Contec, Diana Villalobos Díaz, informó que existen casos de abusos extremos que requieren ser retomados para exigir justicias antes las autoridades correspondientes.
Dijo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares en 2015, pero estas medidas y la respuesta de las autoridades fueron insuficientes para garantizar la protección, y desde entonces tres miembros de la comunidad han perdido la vida.
En mayo de 2022, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Gobierno del Estado de Chihuahua para registrar a las comunidades como víctimas de desplazamiento forzado, brindar ayuda humanitaria a las comunidades y avanzar en las investigaciones penales por la violencia, dando plazos de entre cuatro y seis meses para su cumplimiento.
A pesar de los plazos, hasta el momento el Gobierno no ha aceptado la resolución y no se ha tomado ninguna medida.
Durante las reuniones que Villalobos Díaz sostuvo en Europa, hizo un llamado al gobierno del Reino Unido para que exhorte a las autoridades mexicanas a implementar las sentencias en los casos de las comunidades de “El Manzano” y “Monterde”, para que las comunidades finalmente comiencen a sanar.
Su testimonio reveló a los tomadores de decisiones el impacto de los ataques y desplazamientos liderados por empresas que podrían prevenirse con esta nueva ley. “En nuestras reuniones, insistimos en la necesidad de certeza sobre los estándares que se esperan de las empresas, claridad sobre las consecuencias legales cuando no se cumplen esos estándares y un mayor compromiso y apalancamiento con los socios de la cadena de valor”, reveló Diana Villalobos.