Un predio conocido como “El Rancho de Dolores”, ubicado en el municipio de Cuauhtémoc, fue un lugar utilizado por un grupo criminal que operaba en esa región donde calcinaban y enterraban los restos de sus víctimas para desaparecer todo rastro y evidencia posible durante años, hasta 2011.
Así lo recuerda el activista de personas desaparecidas, Gabino Gómez, quien por años representó a la familia “Muñoz Veleta”, que fue el origen de la investigación que terminó con un cementerio clandestino que operaba un grupo criminal, donde a la fecha calculan un total de 50 personas que se encuentran debajo de los montículos del “Rancho de Dolores”.
Todavía el 7 de diciembre de 2021, la Fiscalía General del Estado intervino este predio y entre los rastreos logró recuperar 40 fragmentos de restos humanos, los cuales habían sido enterrados en uno de los 12 montículos que se encuentra en esa zona, por lo que serán revisados y analizados para determinar si existe posibles muestras de ADN que pueda ayudar a identificar a algunas de las víctimas.
Entre las víctimas se encuentran 8 parientes de la familia Muñoz Veleta, quienes fueron privados de la libertad por un grupo de policías municipales en Anáhuac y quienes hasta el momento no han podido ser localizados, sólo algunos indicios de ropa y otras señas que portaban los aún desaparecidos.
El “cementerio clandestino”, o lo que se convirtió en un crematorio, fue descubierto, recuerda el activista, porque un militar logró escapar de sus captores y al llegar a las autoridades dio muestra del lugar y afirmó que estaban a punto de quemarlo, como a varias víctimas que había visto en ese lugar.
En total fueron ocho integrantes de la familia Muñoz Veleta, pues Gabino Gómez advierte que un solo día se cometió uno de los mayores casos de desaparición en contra de una sola familia, pues la señora Ema Veleta perdió el Día del Padre a quien era su esposo Toribio Muñoz González, a sus cuatro hijos, Jaime, Óscar, Hugo y Guadalupe Muñoz Veleta, también a su nieto Óscar Guadalupe Cruz Muñoz, a su sobrino Luis Romo Muñoz y a su yerno, Nemesio Solís González.
El 19 de junio de 2011, Emma nunca se imaginó que un grupo de policías se llevaría a los ocho integrantes de su familia, pues agentes federales, escoltados por municipales, se los llevaron y a 10 años de los hechos no han encontrado una sola señala de ellos, más que una inolvidable hebilla del señor Toribio Muñoz, su esposo.
Otro grupo que podría estar en ese lugar son el de siete personas más que pertenecían a un centro de rehabilitación en Cuauhtémoc y otro caso similar de la desaparición de la familia Ibarra, más otra serie de desapariciones que ocurrieron durante los meses de 2011, según recuerda el activista Gabino Gómez.
“Es un caso complejo, no sabemos dónde están esas personas, pero seguimos encontrado restos; es difícil saber su genética por el estado por estar tan deteriorados, es un lugar donde los criminales deciden quemar los restos por lo rocoso de la superficie, es muy difícil enterrar un cuerpo en el lugar y deciden quemarlos, en otras partes como el Valle de Juárez deciden enterrarlos porque la tierra es muy fina, todo depende del lugar donde operen los criminales”, señaló.
De 2011 a la fecha se ha hecho tres intervenciones en el Rancho de Dolores, teniendo diferentes resultados en el levantamiento de restos humanos, por lo que actualmente siguen realizando rastreos el Ministerio Público, Servicios Periciales, Antropología Forense, Comisión Estatal de Búsqueda, Comisión Nacional de Búsqueda, integrantes del Equipo de Antropología Forense Argentino, ONG y familiares de personas reportadas como ausentes y/o desaparecidas.
“La Comisión Interamericana otorgó medidas cautelares demandando a las autoridades que buscaran a la familia, entre las intervenciones y ante la falta de capacidad, insistimos en la necesidad que interviniera el equipo argentino porque cuentan con equipo especializado para estudiar los restos, pero el Estado no aceptó la intervención en su momento y generó un pleito fuerte con César Duarte, pero finalmente un experto en investigación, Pedro Díaz, de Colombia, vino a revisar esta carpeta de investigación”, comentó Gabino Gómez.
