/ viernes 10 de julio de 2020

Crisis económica y violencia provocan migración forzada de la Sierra

Regiones completas han quedado en el abandono ante el miedo de sus pobladores que han debido huir para no quedar en medio de los constantes enfrentamientos

Cuauhtémoc, Chih.- Un fenómeno social poco reconocido por las autoridades, por lo que no hay cifras concretas, es el desplazamiento forzado dentro del país, motivado por dos factores: violencia y crisis económica. Regiones completas han quedado en el abandono ante el miedo de sus pobladores que han debido huir para no quedar en medio de los constantes enfrentamientos de grupos criminales, tal es el caso del municipio de Madera.

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Un desplazado interno es alguien que es forzado a dejar su hogar, pero que se mantiene dentro de las fronteras de su país. Las causas más frecuentes para que se propicie este fenómeno son: la violencia generalizada, conflictos armados y violaciones a los derechos humanos.

Camilo Daniel Pérez, derechohumanista y sacerdote en la zona de Madera, explica que en la región desafortunadamente ha habido desempleo, mucha gente migra a Cuauhtémoc o Chihuahua, son las dos ciudades a donde se van en busca de un trabajo.

El segundo factor es la violencia, tenemos, por ejemplo Los Álamos, donde ya no queda ninguna familia, está abandonado, ya no quedó nadie. Otra de las comunidades donde bajó mucho la población es Nicolás Bravo, muchas familias se fueron, lo mismo que en Madera (cabecera municipal), Las Varas, Babícora, ahí había dos escuelas, hoy sólo una está en funciones y sólo con la mitad de la capacidad, lo que habla de cuánta gente se ha ido.

Medir cuántos quedan es difícil, desafortunadamente se dan este tipo de situaciones y muchos no quieren hablar de ello.

De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el desplazamiento interno forzado es una violación a los derechos humanos que se presenta cuando personas o grupos de personas huyen de su hogar, o lugar de residencia habitual hacia otra colonia de su mismo municipio, hacia otro municipio de su estado, o hacia otro estado del país para evitar, o después de haber sido víctimas, una situación de violencia generalizada, de un conflicto armado, de violaciones a los derechos humanos o de catástrofes naturales, o provocadas por el ser humano, situación que se está presentando en la entidad.

Además de ser una violación autónoma de derechos humanos, el desplazamiento interno forzado representa una violación compleja, debido a la vulneración agravada a múltiples derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales u otros derechos humanos; asimismo, se trata de una violación continua y sostenida, cuya condición de vulnerabilidad de quienes lo sufren perdura hasta que logran una solución duradera, es decir, un retorno o reasentamiento asistido y en condiciones dignas y seguras.

Según esta organización nacional, para el 2016 cuantificaban en Chihuahua 4 mil 784 personas desplazadas desde diferentes puntos por la inseguridad, sin embargo, en los últimos años no ha habido medición y en este periodo se han registrado importantes movimientos poblacionales en toda la zona.

Por miedo a represalias, la gente no habla sobre el tema, lo mismo que las autoridades que prefieren no abordar el tema. Trabajadores que visitan la región de Madera, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, cuentan que la situación en las rancherías es desoladora.

Hace poco más de 20 días, hombres armados ingresaron a diferentes domicilios en Gómez Farías, se llevaron un número no determinado de jóvenes entre los 14 y 15 años, a quienes obligan a trabajar en el crimen organizado, los que quedaron fueron enviados por sus familias a otras comunidades para evitar que se los lleven, refieren.

Según estimaciones, en Madera queda de un 65 al 70 por ciento de la población que había, las comunidades más afectadas son: La Norteña, El Norte, Las Ramas, El Dos (éste último es un aserradero, hay pocas casas, pero ya están deshabitadas, luego de que el pasado 14 de mayo, asesinaran a 5 trabajadores en este punto). En El Alamillo todas las casas están quemadas y deshabitadas.

Muchos migraban hacia Cuauhtémoc, pero hubo ejecuciones también ahí por parte de los criminales que venían a buscarlos hasta esta ciudad, por lo que ahora migran a Casas Grandes y Ciudad Juárez.

La situación es similar en Gómez Farías, Ignacio Zaragoza y otras regiones. Si uno transita por las carreteras es posible observar aún los vehículos quemados que quedan luego de los enfrentamientos, como en la Cuesta del Toro, ahí están los autos quemados.

La mina de Dolores, que antes concentraba muchas familias, hoy trabaja al 40 por ciento, luego de los hechos violentos de mayo de 2018, desde entonces muchas familias se fueron y no regresaron mejor.

Cada región ha tenido su momento crítico que es cuando la mayor parte de los habitantes prefieren salir de sus pueblos, algunos regresan, otros encuentran en otra parte la seguridad y un trabajo para comenzar de nuevo.

El problema del desplazamiento forzado se ha acentuado en los últimos años, pues los enfrentamientos son cada vez más frecuentes entre grupos del crimen organizado que disputan territorios en la zona serrana y en el caso de la región de Madera han tenido episodios muy violentos que orillan a la gente a salir de sus comunidades en busca de refugio en otras partes del estado.

No hay una cifra que revele la magnitud de la situación, en forma oficial, sin embargo, Cuauhtémoc, una de las comunidades a donde suelen venir los desplazados, crece en un promedio de 8 mil a 10 mil personas por año, ya sea por las labores de la fruticultura y en fechas recientes por este fenómeno de migración.

El desplazamiento interno forzado es una realidad que se incrementa año con año en el país. Tras un largo periodo de invisibilidad, en abril de 2019 el Estado mexicano reconoció oficialmente la presencia del fenómeno en su territorio. No obstante, todavía no se han implementado leyes, programas o políticas públicas para atender, proteger y garantizar los derechos humanos de las víctimas, ni para prevenir nuevos desplazamientos.

Actualmente México carece incluso de un diagnóstico oficial comprensivo y especializado sobre la situación de las personas internamente desplazadas. Esto significa que se desconoce la real magnitud del fenómeno, de modo que sus víctimas permanecen desatendidas. Ante este escenario se han generado algunos esfuerzos para cuantificar el fenómeno.


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Cuauhtémoc, Chih.- Un fenómeno social poco reconocido por las autoridades, por lo que no hay cifras concretas, es el desplazamiento forzado dentro del país, motivado por dos factores: violencia y crisis económica. Regiones completas han quedado en el abandono ante el miedo de sus pobladores que han debido huir para no quedar en medio de los constantes enfrentamientos de grupos criminales, tal es el caso del municipio de Madera.

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Un desplazado interno es alguien que es forzado a dejar su hogar, pero que se mantiene dentro de las fronteras de su país. Las causas más frecuentes para que se propicie este fenómeno son: la violencia generalizada, conflictos armados y violaciones a los derechos humanos.

Camilo Daniel Pérez, derechohumanista y sacerdote en la zona de Madera, explica que en la región desafortunadamente ha habido desempleo, mucha gente migra a Cuauhtémoc o Chihuahua, son las dos ciudades a donde se van en busca de un trabajo.

El segundo factor es la violencia, tenemos, por ejemplo Los Álamos, donde ya no queda ninguna familia, está abandonado, ya no quedó nadie. Otra de las comunidades donde bajó mucho la población es Nicolás Bravo, muchas familias se fueron, lo mismo que en Madera (cabecera municipal), Las Varas, Babícora, ahí había dos escuelas, hoy sólo una está en funciones y sólo con la mitad de la capacidad, lo que habla de cuánta gente se ha ido.

Medir cuántos quedan es difícil, desafortunadamente se dan este tipo de situaciones y muchos no quieren hablar de ello.

De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el desplazamiento interno forzado es una violación a los derechos humanos que se presenta cuando personas o grupos de personas huyen de su hogar, o lugar de residencia habitual hacia otra colonia de su mismo municipio, hacia otro municipio de su estado, o hacia otro estado del país para evitar, o después de haber sido víctimas, una situación de violencia generalizada, de un conflicto armado, de violaciones a los derechos humanos o de catástrofes naturales, o provocadas por el ser humano, situación que se está presentando en la entidad.

Además de ser una violación autónoma de derechos humanos, el desplazamiento interno forzado representa una violación compleja, debido a la vulneración agravada a múltiples derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales u otros derechos humanos; asimismo, se trata de una violación continua y sostenida, cuya condición de vulnerabilidad de quienes lo sufren perdura hasta que logran una solución duradera, es decir, un retorno o reasentamiento asistido y en condiciones dignas y seguras.

Según esta organización nacional, para el 2016 cuantificaban en Chihuahua 4 mil 784 personas desplazadas desde diferentes puntos por la inseguridad, sin embargo, en los últimos años no ha habido medición y en este periodo se han registrado importantes movimientos poblacionales en toda la zona.

Por miedo a represalias, la gente no habla sobre el tema, lo mismo que las autoridades que prefieren no abordar el tema. Trabajadores que visitan la región de Madera, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, cuentan que la situación en las rancherías es desoladora.

Hace poco más de 20 días, hombres armados ingresaron a diferentes domicilios en Gómez Farías, se llevaron un número no determinado de jóvenes entre los 14 y 15 años, a quienes obligan a trabajar en el crimen organizado, los que quedaron fueron enviados por sus familias a otras comunidades para evitar que se los lleven, refieren.

Según estimaciones, en Madera queda de un 65 al 70 por ciento de la población que había, las comunidades más afectadas son: La Norteña, El Norte, Las Ramas, El Dos (éste último es un aserradero, hay pocas casas, pero ya están deshabitadas, luego de que el pasado 14 de mayo, asesinaran a 5 trabajadores en este punto). En El Alamillo todas las casas están quemadas y deshabitadas.

Muchos migraban hacia Cuauhtémoc, pero hubo ejecuciones también ahí por parte de los criminales que venían a buscarlos hasta esta ciudad, por lo que ahora migran a Casas Grandes y Ciudad Juárez.

La situación es similar en Gómez Farías, Ignacio Zaragoza y otras regiones. Si uno transita por las carreteras es posible observar aún los vehículos quemados que quedan luego de los enfrentamientos, como en la Cuesta del Toro, ahí están los autos quemados.

La mina de Dolores, que antes concentraba muchas familias, hoy trabaja al 40 por ciento, luego de los hechos violentos de mayo de 2018, desde entonces muchas familias se fueron y no regresaron mejor.

Cada región ha tenido su momento crítico que es cuando la mayor parte de los habitantes prefieren salir de sus pueblos, algunos regresan, otros encuentran en otra parte la seguridad y un trabajo para comenzar de nuevo.

El problema del desplazamiento forzado se ha acentuado en los últimos años, pues los enfrentamientos son cada vez más frecuentes entre grupos del crimen organizado que disputan territorios en la zona serrana y en el caso de la región de Madera han tenido episodios muy violentos que orillan a la gente a salir de sus comunidades en busca de refugio en otras partes del estado.

No hay una cifra que revele la magnitud de la situación, en forma oficial, sin embargo, Cuauhtémoc, una de las comunidades a donde suelen venir los desplazados, crece en un promedio de 8 mil a 10 mil personas por año, ya sea por las labores de la fruticultura y en fechas recientes por este fenómeno de migración.

El desplazamiento interno forzado es una realidad que se incrementa año con año en el país. Tras un largo periodo de invisibilidad, en abril de 2019 el Estado mexicano reconoció oficialmente la presencia del fenómeno en su territorio. No obstante, todavía no se han implementado leyes, programas o políticas públicas para atender, proteger y garantizar los derechos humanos de las víctimas, ni para prevenir nuevos desplazamientos.

Actualmente México carece incluso de un diagnóstico oficial comprensivo y especializado sobre la situación de las personas internamente desplazadas. Esto significa que se desconoce la real magnitud del fenómeno, de modo que sus víctimas permanecen desatendidas. Ante este escenario se han generado algunos esfuerzos para cuantificar el fenómeno.


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