Con 27 votos a favor se aprobó la iniciativa presentada por el diputado local, a efecto de establecer como garantía constitucional la agricultura familiar y sostenible.

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La Comisión de Desarrollo Rural, subió este día al pleno legislativo para poner a consideración el dictamen en el cual el diputado Lorenzo Parga, solicita promover e impulsar programas y acciones que favorezcan a la agricultura, sobre todo la agricultura familiar y autosustentable, la cual fue aprobada con 27 votos a favor de reforma la ley de Desarrollo Rural del Estado.

Desde el año el año 2011 se había realizado una reforma a nuestra Carta Magna, a fin de elevar a rango constitucional el derecho humano a la alimentación, ya que el artículo cuarto establece que: toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, teniendo la obligación el Estado, de garantizarlo.

En su iniciativa el diputado expuso que a pesar de haber sido un paso muy grande el establecer el derecho a la alimentación en la Constitución, se queda corto en la lucha contra la eliminación del hambre, puesto que falta de integrarse las acciones a considerar para poder garantizarla.

La gran aportación que hace la gente del sector rural es muy grande y muy importante en las comunidades y es por ello que el impulso a la agricultura familiar, la producción nacional de alimentos en su conjunto y el derecho humano a una alimentación adecuada, suficiente, y de acuerdo a las realidades culturales y regionales del país, debe implicar el reconocimiento a tal actividad y a la producción de alimentos, desde el marco constitucional, hasta sintonizar con la legislación internacional que el estado mexicano ha suscrito y ratificado.

Con esta iniciativa se fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, trayendo consigo más obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Así mismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público, además que garantizará el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.