Falta de vivienda digna, alimentación, acceso a la salud y seguridad son algunas de las carencias que enfrentan las personas desplazadas a consecuencia de la violencia, afirmó Gabino Gómez, activista del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres.
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Las personas desplazadas de las diversas comunidades de Guadalupe y Calvo a consecuencia de la violencia se encuentran en diversos municipios de la entidad, desde Parral, Cuauhtémoc, Delicias, Chihuahua, por mencionar algunas. Las personas que se encuentran en Parral su demanda más sentida es contar con una vivienda digna.
De acuerdo a los datos de la Fiscalía General del Estado un total de 572 personas del municipio de Guadalupe y Calvo han tenido que abandonar su territorio entre el 2015 y 2023, sin embargo en las cifras oficiales no se contabiliza a las 60 personas desplazadas de la comunidad La Sierrita, quienes sufren a causa del desplazamiento y de la poca atención.
Gabino Gómez explicó que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas está regateando los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado, por ello se interpusieron varios recursos legales a los que tampoco les han hecho caso.
Ante ello están solicitando una reunión directa con el fiscal general César Jáuregui con quien buscan plantar el tema y la necesidad de poner atención en estas víctimas y brindarles el apoyo necesario.
La semana pasada, el activista se reunió con las víctimas que se encuentran asentadas en la zona sur del estado, desplazadas del municipio de Guadalupe y Calvo y Balleza, el reclamo más importante es el abandono al que los somete. Y en particular solicitan que se les apoye con vivienda, porque han perdido la esperanza de poder regresar a sus comunidades.
Ellos sostienen que no quieren nada regalado sino el apoyo necesario para que les proporcionen créditos para la adquisición de viviendas
Gabino resaltó que a este colectivo de personas desplazadas no se les ha apoyado y en Parral son al menos 100 personas desplazadas, que se suma a otras cuya demanda es la misma.
El año 2019 y 2021 registra los desplazamientos más fuertes, sin embargo cada año esta situación se repite ante la nula acción del Estado para pacificar la zona y combatir de frente a los grupos criminales, que amenazan a los miembros de las comunidades y las familias para lograr enfilarse a las actividades delictivas.
En esta zona, muchos familiares de las mismas personas desplazadas son quienes perpetraron los homicidios y secuestros, los que se quedan con las propiedades y depredan el bosque, los cultivos y los animales de trabajo.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía se registraron en 2020, 2 mil 877 habitantes del estado de Chihuahua desplazados por la violencia o la inseguridad delictiva entre 2015 y 2020, mientras que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022, estima que durante 2021 hubo 14 mil 652 personas que cambiaron de vivienda o lugar de residencia en el estado de Chihuahua para protegerse de la delincuencia.
El problema es muy grande y lo peor es que las autoridades de los diversos niveles de gobierno no cuenta con políticas públicas encaminadas a ayudarlos.
A nivel Estatal, los apoyos para las víctimas han registrado una disminución del 50 por ciento.
“Teníamos la entrega de despensas trimestrales por parte del DIF Estatal, pero nos acaban de comunicar que el apoyo se reduce a 50 despensas”.
Las 100 despensas que les entregaban las repartían entre las víctimas con mayor necesidad, “se nos complica demasiado porque hay tanta necesidad de esas despensas”.
Gabino Gómez dijo que la situación debe plantearse ante las autoridades estatales porque la demanda de siempre es el incremento del presupuesto, sin embargo sucede todo lo contrario.
Por ejemplo para gastos funerarios en personas desaparecidas eran de 9 mil pesos y este se redujo a 4 mil 500. “Para alguien que no tiene nada, sirve de mucho, pero se están reduciendo los apoyos”.