La dotación de los recursos suficientes es uno de los principales retos que enfrenta la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en Chihuahua, uno de los estados con una alta incidencia.
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Lo anterior se desprende del informe que presentó el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), organización que brinda acompañamiento a alrededor de mil 300 personas familiares relacionados a 462 casos de personas desaparecidas.
A más de seis años de la entrada en vigor de esta Ley, aunque hay avances legislativos significativos, persisten importantes desafíos que dificultan el acceso pleno a la verdad, la justicia y la reparación integral para las víctimas y los familiares de este delito.
La abogada Ruth Fierro Pineda, coordinadora general del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) informó que Chihuahua es uno de los estados, junto con otros del norte del país, concentran el mayor número de desapariciones.
Chihuahua ocupa el quinto sitio en número de personas desaparecidas y el treceavo sitio en tasa poblacional. De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas existen 3 mil 815 personas, los municipios con mayor incidencia son Cuauhtémoc, Nuevo Casas Grandes, Valle de Zaragoza y Allende.
A nivel nacional, la cifra alcanza niveles alarmantes, se trata de una crisis con más de 115 mil personas desaparecidas y el gran pendiente sigue siendo la dotación de recursos.
“En el país, las desapariciones van en aumento y en la misma proporción debe destinarse el recurso necesario para la investigación y búsqueda de personas”, consideró Ruth Fierro.
Recordó que esta ley, no tiene precedente en cuanto a participación ciudadana, dado que se retomaron recomendaciones de organismos de derechos humanos, las familias y mecanismos de protección a fin de hacerle frente a la grave problemática.
En esta ley descansaba la esperanza de miles de familias que tienen a un ser querido desaparecido, dado que se pensaba que era la respuesta del Estado a un problema creciente, pero en muchos sentidos ha quedado como letra muerta y sigue sin haber acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral.
Pendientes en materia de desaparición
La creación de una fiscalía especializada para la atención de todos los casos de desaparición, contar con unidades de análisis de contexto que ayude a investigar el fenómeno de desaparición de una manera contextual y macro criminal; así como fortalecer la Comisión Local de Búsqueda son parte de los desafíos y pendientes que se tienen en Chihuahua para avanzar en la atención de la desaparición de personas.
A ello se suma la falta de coordinación de la Federación con las entidades federativas para las búsquedas únicas. El Banco Nacional de Datos debería de estar en operaciones desde enero de 2019; sin embargo, al día de hoy no es posible que los estados accedan para la realización de cruces genéticos, que permitan la búsqueda en todas las entidades federativas.
Y la Declaración Especial de Ausencia, donde las y los jueces siguen dilatando excesiva e innecesariamente los casos que se les presentan, lo cual obstaculiza la protección y reconocimiento de los derechos de las familias afectadas. Un proceso que debe salir en 6 meses, se retrasa más de 2 años.
En cuanto a la creación de la fiscalía especial que atienda todos los casos de desaparición, se señaló que en Chihuahua en 2017 se creó la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada, sin embargo sólo atienden casos prioritarios.
La necesidad de una fiscalía especial sigue siendo un tema pendiente, donde además se debe de contar con personal especializado y certificado, que cuenta con una unidad de análisis de contexto que les ayude a estudiar el fenómeno de manera macro criminal y no como casos aislados. Que se cuenta con herramientas y recursos financieros para lograr la verdad y la justicia.
En cuanto a las herramientas de búsqueda se dijo que en Chihuahua la Comisión Local de Búsqueda depende de la Fiscalía de Derechos Humanos y ello le permite mayor despliegue operativo en el territorio estatal, pero ello también reduce su capacidad de gestión y reduce su estructura orgánica, depende de los recursos humanos, materiales y financieros de la fiscalía de Derechos Humanos, la comisión tampoco cuenta con una unidad de análisis de contexto que le permita tener mejores resultados en procesos de búsqueda.
Aunque la ley contiene 10 tipos penales por los cuales una persona puede ser sancionada por estar involucrada en los hechos de desaparición, los dos angulares son la desaparición forzada y desaparición por particulares, explicó el abogado Antonio Palacios, especialista en defensa jurídica del Cedehm, todos están armonizados con la ley.
Incompletas las herramientas de búsqueda
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Chihuahua ha sido pionero en el desarrollo de herramientas de búsqueda e identificación, sin embargo a nivel nacional no se cuenta con el mismo avance y por ello no se pueden cotejar datos con otras entidades.
Antonio Trejo, especialista en defensa jurídica del Cedehm, resaltó que históricamente Chihuahua ha sido proactivo en materia de búsqueda, identificación y localización de personas, a través de la creación de procesos para identificación.
Entre ellos el Inforense, programa que se creó para identificar todos los cuerpos que ingresan y egresan del Servicio Médico Forense, al cual tienen acceso todo los ministerios públicos en el estado y las diferentes fiscalías de zona para que se puedan hacer las compulsas de datos físicos.
Además, en 2023 se crearon las Unidades de Identificación Humana que están desplegadas en las fiscalías de zona, cuyo objetivo es agilizar el proceso de identificación, al recolectar información. Estas unidades pertenecen al Servicio Médico Forense.
Todas las fosas localizadas en el estado se comunican a la Fiscalía General de la República, que se encarga del conteo general.
Los Servicios Periciales en Chihuahua han sido reconocidos como uno de los mejores por temas científicos y su personal, a pesar de que el estado cuenta con muchas herramientas, la implementación parcial del Sistema Nacional de Búsqueda impide seguir avanzando.
Trejo destacó que a la hora de enviar información a la federación, no hay retroalimentación correcta. “Resulta una incoherencia, que a seis años de la creación de la ley, los estados no pueden compulsar datos con el Registro Nacional”.
A la vez lamentó que a pesar de que en 2023 se anunció la creación del Banco Nacional de Datos, aún se desconoce el nivel de implementación y su funcionamiento.
Ante ello, los tres especialistas coincidieron que los retos a nivel nacional son importantes. Según cifras del Movimiento Nacional por los Desaparecidos por cada 100 mil personas desaparecidas hay 52 mil cuerpos sin identificar.
Nota original: El Heraldo de Chihuahua
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