Agentes del Ministerio Público solicitaron a la jueza Amparo Pérez Barraza, el imponer una medida cautelar de 2 años contra el ex funcionario Octavio L. G., argumentando que la gravedad de los delitos que se le imputan denotan el poder económico, político y social de un grupo con la capacidad de sustraerse de la causa penal en su contra.
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Argumentaron los fiscales que en la ejecución de los supuestos delitos que se le imputan, se encuentran muestras de una clara intención de ocultar los hechos, pues en 2016, el supuesto responsable firmó el contrato con fecha de 2012, es decir, para que los documentos cuadraran en una línea temporal y ocultar la evidencia del supuesto delito: “esto hace que se encuadre en la hipótesis de que se falsificaron los documentos para ocultar el desvío de recursos”, comentó la fiscal.
Agregó que estos hechos se realizaron por una pluralidad de sujetos, de forma estructurada y organizada y que se realizaron diversos actos, entre los que se cuenta el desvío del recurso que se quedó con la persona moral Valles Baca Hermanos y otra parte del recurso se fue para la financiera del ex gobernador César Horacio D. J., “donde es evidente el poder de los intervinientes y que denotan el poder económico, político y social para sustraerse del ejercicio de la justicia penal”.
Por lo anterior, se indicó que estos niveles de criminalidad económica y organizada, denotan la existencia de recursos humanos y financieros para obstaculizar un procedimiento penal, y judicial, así como para desvanecer evidencia probatoria, ocultarse, e incluso amedrentar a testigos para eludir su responsabilidad penal.
Por lo anterior, la Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, por un tiempo de dos años y citó al prefacio de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, en la cual se indica que “La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”.
Por otro lado, indicó la representación social de la FGE, que aunque no se tiene evidencia de el imputado efectuó alguna amenaza contra testigos de los hechos mencionados, sí destacó que a las personas a las que se les reservó la identidad, con base en una valoración jurídica socioeconómica y psicológica a través de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAVE) se determinó a través de diversos informes, que ponía en riesgo su integridad física y mencionó a cuatro personas cuyas identidades están protegidas.
“Estas personas pueden verse afectadas en razón de la naturaleza de los hechos de los cuales tienen conocimiento, pues involucra a personas que ocupaban importantes puestos en la administración mencionada, lo cual implica un riesgo de que se materialice un daño a la persona de no reservar su identificación”.
Finalmente, se indicó que, como lo cita la ONU en el documento antes citado, “las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley, es por lo que la representación social reiteró su petición de imponerle la prisión preventiva de 2 años”.
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