La opinión del magistrado de la Suprema Corte de Justicia, Juan Luis Alcántara, ha causado controversia, al señalar que en el estado de Chihuahua, la pena máxima para extorsionadores es excesiva y que el día de hoy, presentará la propuesta para declarar inconstitucional este delito, lo cual abre la posibilidad de reducir las sentencias a las personas que cometieron este ilícito.

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Por su parte, César Peña Valles, presidente municipal de Parral, consideró que es una posición que se debe de analizar, en Chihuahua las penas van desde los 30, hasta 70 años de cárcel para estos delincuentes, indicó que hay que tomar en cuenta que no solamente se está afectando el patrimonio de las familias, sino también la paz y seguridad de las víctimas, ya que en muchos de los casos son amenazados y las familias ya no viven tranquilas.

"En lo personal, no le veo motivo de que se reduzcan las penas a los extorsionadores, considero que es un delito grave y que no sólo afecta a las familias en el patrimonio, sino también en lo emocional, las familias no viven tranquilas cuando son extorsionadas, debe de analizarse esta propuesta del magistrado Alcántara, ya que en Chihuahua la pena máxima es de 70 años y ha traído resultados bajando los índices de este delito", manifestó el Alcalde.

Consideró el Edil que si la justicia se muestra blanda con las penas, seguramente volverá a incrementarse este delito en el estado, es un problema que hay que analizar a fondo, ya que hay que recordar que en años anteriores, el estado de Chihuahua fue uno de los que más sufrió de este delito, sin embargo, al implementar penas de hasta 70 años de cárcel, los índices delictivos bajaron.

Señaló que la Suprema Corte de Justicia debe de tomar en cuenta de que es un delito grave y se debe de castigar a los autores, se debe de tomar en cuenta a los estados para que se trabaje en una ley equitativa y justa, también va a depender en mucho del grado del delito y en la incidencia de las personas que se dedican a extorsionar.

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Sin embargo, se debe de tomar en cuenta a las víctimas, ya que no sólo se está afectando el patrimonio de las familias, se está atentando contra la seguridad y tranquilidad de ellas, si el magistrado considera como excesiva e inconstitucional una sentencia para pagar una pena por este delito, no debe de olvidar que en el estado, las autoridades han trabajado mucho por erradicar este delito.