La reciente reforma constitucional que coloca a la Guardia Nacional, bajo control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, representa un avance necesario y estratégico para enfrentar los graves problemas de seguridad pública que afectan al país.
Así lo expresó el abogado Gabriel Vidaña quien manifestó estar de acuerdo con la estrategia aprobada en el Poder Legislativo y que ha sido promovida por el Ejecutivo Federal.
Señaló que desde su punto de vista, se trata de un movimiento, que lejos de ser una simple militarización, tiene bases técnicas y operativas que responden a la necesidad de profesionalizar y fortalecer una fuerza de seguridad que ha mostrado resultados insuficientes bajo estructuras civiles.
El jurista comentó que es fundamental reconocer que la inseguridad en México ha alcanzado niveles alarmantes, con grupos del crimen organizado superando en capacidad a las fuerzas civiles, tanto en armamento como en estructura, y la militarización de la GN permite dotarla de mayores recursos logísticos, operativos y de inteligencia, esenciales para enfrentar una amenaza de esa magnitud.
“La disciplina, el entrenamiento y la estructura jerárquica del personal militar, ahora con formación policial, ofrece una respuesta más eficiente, rápida y eficaz ante el crimen organizado y la violencia generalizada”, expuso.
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Gabriel Vidaña, mencionó que la reforma incluye un componente clave, que es la investigación de delitos por parte de la GN bajo la conducción del Ministerio Público, lo que es un paso adelante en la integración de la seguridad y la justicia, garantizando que los casos no se queden en detenciones, sino que se completen con investigaciones sólidas que deriven en sentencias judiciales, pues la coordinación entre la Guardia Nacional y las autoridades judiciales es esencial para cerrar el ciclo de impunidad que ha debilitado el sistema de justicia penal en México.
“Lejos de debilitar las libertades civiles, este cambio propone una estructura que mejora la capacidad operativa sin desatender las obligaciones en materia de derechos humanos; el personal militar ha sido capacitado no sólo en táctica, sino en la aplicación del marco legal y el respeto a los derechos de la población civil, además, al estar bajo la estrategia nacional de seguridad pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se asegura que las operaciones sigan una lógica de servicio público y no militarista”, enfatizó.
Añadió que la reforma proporciona al Estado una mayor capacidad de respuesta ante emergencias y crisis de seguridad, algo que las policías civiles, en su actual estado de debilidad institucional, no pueden garantizar, pues el control militar otorga estabilidad y eficiencia, y permitirá a las autoridades locales y federales trabajar en conjunto para pacificar las zonas más conflictivas.
Expuso que la militarización de la GN no es un capricho, sino una medida técnica y bien fundamentada para enfrentar la realidad de un país bajo asedio de la criminalidad, con un nuevo marco operativo, que dota a la GN de herramientas legales, operativas y financieras necesarias para mejorar la seguridad pública, exigiendo, a su vez, resultados concretos y medibles.
“Es hora de confiar en una estructura que tiene la capacidad y el rigor para enfrentar la crisis de violencia que vive México”, puntualizó.
Nota original: El Heraldo de Chihuahua
