La liberación del ex gobernador César D.J. podría ser inminente al haber rebasado el tiempo constitucional de la prisión preventiva que señala como máximo dos años, así como por una serie se presuntas violaciones a sus derechos humanos, lo que se puede respaldar mediante una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señala al Estado Mexicano por violar la libertad y la presunción de inocencia por medio de la prisión preventiva.
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Así lo explicó Juan Carlos Mendoza, abogado defensor del ex mandatario, quien detalló la resolución de la Corte Interamericana, tiene un peso muy especial en relación al caso de César D.J. pues deja en evidencia que las autoridades locales han violado varios derechos humanos de su cliente.
Fue el pasado 27 de enero cuando la Corte IDH, sentenció que México es responsable de violar la libertad personas y la presunción de inocencia, por la aplicación del arraigo y de la prisión preventiva, lo cual fue en relación a un caso ocurrido en el año 2006 en donde involucra a tres hombres encarcelados por más de dos años de manera ilegal y que finalmente fueron absueltos.
El abogado, señala que, en ese caso atendido por la Corte Interamericana, se aplicó la prisión preventiva en una situación similar a la del ex gobernador chihuahuense, por lo que atendiendo dicha sentencia, deberá ser liberado cuanto antes.
“El Estado Mexicano tiene la obligatoriedad de acatar toda la normatividad de la Constitución y los tratados internacionales que el mismo Estado suscribe; en este caso está la Convención Interamericana de Derecho Humanos, mismo que pone mucha claridad respecto a la prisión preventiva, a su finalidad y los principios que la deben de regir”, mencionó.
Lamentó que en una constante que las autoridades mexicanas, por falta de presupuesto o por cualquier otra situación, cuando se acusa a alguien lo primero que hacen es detener y encarcelar, dejando la medida cautelar de prisión preventiva, prácticamente como una pena y casi dando por hecho la culpabilidad del acusado, dejando esa percepción.
“En el caso particular de César D.J. se encuentra que tiene arraigo en la ciudad, no hay otros medios para que no se ausente de la acción de la justicia, existe el tema del uso de grilletes electrónicos, la firma semanal, no cuenta con un pasaporte para poder salir del país, tampoco tiene los medios, porque todo se encuentra en este momento asegurado por el estado, es decir, no existen las condiciones para ausentarse”, enfatizó.
El jurista comentó que a pesar de todo eso, ha permanecido encarcelado y su privación de la libertad rebasa los dos años que marca la ley, entorno a lo que una persona puede permanecer en prisión preventiva, pues si bien es cierto, en Chihuahua lleva apenas siete meses, ya habían transcurrido 19 meses en Miami, Estados Unidos, en donde, aunque no fue prisión preventiva, sí permaneció encarcelado en atención a una orden de aprehensión que obsequió una juez de control al Ministerio Público en el año 2019.
Juan Carlos Mendoza, resaltó que la libertad es un derecho que está en la Constitución y que se encuentra protegido como derecho humano, y en el caso de César Horacio D.J. ese derecho ha sido violentado por todo el tiempo que ha estado bajo prisión preventiva, violando también la presunción de inocencia porque prácticamente ya se le considera culpable, incluso la gobernadora María Eugenia Campos en una entrevista el pasado mes de septiembre, aseguró que el ex gobernador estaba cubriendo una condena, es decir, dando por hecho su culpabilidad.
Añadió que otro punto a su favor, es que, según la Corte Interamericana, cuando una persona es privada de su libertad y esto trae un detrimento a su salud, justo como le ha ocurrido a su cliente, mismo que ha sido intervenido en dos ocasiones desde que fue extraditado, una de esas veces mediante un proceso quirúrgico de alto riesgo, César D.J. no ha tenido la recuperación ni el proceso terapéutico necesario para poder recuperarse de las intervenciones.
“Es muy importante saber que cuando una persona se encuentra privada de la libertad por el Estado, es el Estado el que asume la responsabilidad y la tutela del derecho humano a la salud, y si el Estado no protege ese derecho, también tendrá que responder por todo lo que resulte”, expuso el abogado.
Hizo énfasis en que la liberación de César Horacio, debería haberse dado de oficio, pues a pesar de todas las violaciones a sus derechos humanos, ya pasaron los dos años que se permite la prisión preventiva, motivo por el cual, se espera que en breve las propias autoridades judiciales, realicen el cambio de medida cautelar y dejar de ser omisos y violar la Constitución y los derechos humanos del ex mandatario.
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Reiteró que ante todo este cúmulo de violaciones a sus derechos y la situación de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la defensa hará valer en su momento procesal oportuno, mediante los recursos jurídicos, que sea modificada la medida cautelar y en su momento poder hacer valer su inocencia.
