“Nunca más otro Chueco, un generador de violencia como ése que operó por años en la región de Urique y Bocoyna, que era el azote de comunidades enteras en la zona del triángulo dorado de la Sierra Tarahumara y hasta los policías trabajaban para él, fue posible porque el gobierno se lo permitió; eso se acabó”, enfatiza César Jáuregui.
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Nombrado fiscal general del Estado el 25 de enero pasado, Jáuregui Moreno señala en entrevista con El Heraldo de Chihuahua que José Noriel Portillo Gil, alias el Chueco, no sólo contaba con órdenes de aprehensión por los homicidios de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, así como del guía de turistas Pedro Palma y del civil Paul Berrelleza cometidos el 20 de junio de 2022 en Cerocahui, Urique, sino que ya era buscado por el crimen del turista estadounidense Patrick Braxton registrado el 28 de octubre de 2018 en La Laja, del mismo municipio, y qué pasó, nada.
“Este tipo de personajes (como el Chueco) creció por la impunidad que les generó el gobierno, les permitió llegar a tal nivel que hicieron barbaridades pero pudiste haberlos detenido antes, por eso es importante cortarles el camino y no esperar hasta que ocurran las tragedias”.
Rememora que esta administración desde abril del año pasado solicitó el apoyo de la Secretaría de la Marina y aunque no se logró capturarlo, se hizo un amplio decomiso y detenciones de gente vinculada con su grupo, incluyendo un histórico aseguramiento de cerveza, lo cual le pegó a su capacidad financiera.
Sin embargo, José Noriel no es el único delincuente y con su muerte no se acaban los problemas. Hoy por hoy, en la entidad se tienen alrededor de 30 a 40 generadores de violencia –con mayor o menor peso jerárquico en sus células criminales— que fundamentalmente se dedican a ser sicarios y hay que seguirlos ubicando para contener su avance, reitera el titular de la FGE.
“La Fiscalía viene trabajando a partir de la llegada –el 8 de septiembre de 2021— de la gobernadora María Eugenia Campos, con números a la baja. Tienes una Fiscalía que ha venido haciendo lo suyo en la investigación en términos correctos y con una estrategia asertiva que puedes afinar más pero que en lo general está reduciendo los índices delictivos”.
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A decir del abogado de profesión y con 30 años en la función pública, prácticamente todos los delitos de alto impacto van a la baja: Homicidios dolosos en 2021 fueron 2 mil 540, en 2022 que ya es el año completo de la actual mandataria hubo 2 mil 17, una disminución del 19% que no son los números que queremos y todavía deben reducirse. “Ni de cerca son los que quisiéramos tener”.
En los delitos de robo a casa habitación, robo con violencia, robo de vehículos, asaltos en comercios, la incidencia ha bajado más y están las cifras que lo demuestran, apunta el fiscal al advertir que todavía hay que hacer la diferencia.
“¿Qué ocurre? Que cuando tienes un evento de alto impacto como los que acontecieron en Juárez en agosto pasado –el jueves negro— y luego el primero de enero de este año –el motín y fuga del Cereso— en la percepción ciudadana y con justa razón no se evalúa el trabajo constante y diario que realiza la autoridad en la materia, inmediatamente hay una percepción de inseguridad, de zozobra y que de hecho la delincuencia los realiza para provocar ese efecto”.
Precisamente 24 días después de lo ocurrido en el penal fronterizo, César Jáuregui dejó la Secretaría General de Gobierno y llegó a la Fiscalía, la cual refiere que encontró trabajando en un sentido correcto, así como la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, pero sólo con lo ocurrido en Ciudad Juárez, el primer día de 2023 y los días subsecuentes, se generaron 30 o 40 asesinatos atribuibles al efecto del Cereso #3.
“Por ello, necesitamos estrategias contundentes, alinear a las policías municipales fundamentalmente de Juárez y Chihuahua que tienen cuerpos policiacos de más de dos mil elementos que ya tienen conocimiento del terreno y actividad de investigación”.
Para el funcionario es darle estructura, perfilar áreas operativas y echar mano de la tecnología y equipo de la Plataforma Centinela, pues la suma permite asestar tiros precisos.
“Chihuahua y Juárez tienen una colaboración muy estrecha de las policías municipales con la Fiscalía y esa colaboración arroja resultados, como la noche del lunes pasado que asesinaron a dos personas en la colonia 20 Aniversario de la capital y un par de horas después detuvimos a los tres individuos que cometieron los crímenes y enseguida determinamos que venían de Juárez, con qué grupo trabajan y ya fueron consignados ante Ministerio Público. Eso es lo que incrementa el grado de reacción y nos permite operativos rápidos gracias a la Plataforma Escudo Chihuahua (PECUU)”.
Esa labor es la que empaña los ataques criminales, como El Chueco cuando asesinó a los jesuitas y dos civiles en el poblado de Cerocahui. El fiscal sabe que hasta no detenerlo no habría justicia que valiera, si bien tampoco ocurrió porque ayer se informó del hallazgo de su cadáver en Choix, Sinaloa.
“Pero ese líder criminal no es todo, recuperar la seguridad en la Sierra Tarahumara, reconstruir el tejido social y que las poblaciones serranas no estén constantemente acechadas por otros chuecos, ése es el reto y en lo que se enfocan diversas instancias del gobierno estatal, aparte de que la Fiscalía va de la mano con los habitantes y las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y lo que ellos quieren, que es vivir en paz”.
César Jáuregui reitera que lo mismo se tendrá que ir aplicando en muchas regiones asoladas por el crimen para no dejar crecer a ciertas figuras que después se ostentan como líderes y abra la posibilidad de arrancar esas raíces que ha echado el narcotráfico a lo largo y ancho del estado grande, por su posición geográfica que estimula el trasiego a Estados Unidos, les ha dejado ganancias millonarias y distorsionado por décadas la paz social. “Nada casual”, puntualiza el fiscal, “el 95% de los asesinatos en Chihuahua tienen que ver con el crimen organizado”.
Centinela y coordinación policiaca hace la diferencia
No vivimos en una sociedad violenta, destaca el fiscal, lo cual podría parecer un contrasentido con todos los casos de alto impacto delictivo generados en suelo chihuahuense.
Desde su perspectiva no lo es, dado el porcentaje casi total de crímenes asociado al crimen organizado y narcomenudeo, así como tráfico de personas, armas, vehículos y todo lo que implica el control delictivo de esos grupos.
A esto se debe, añade Jáuregui Moreno, el repunte de ejecuciones en la frontera y la capital. En Ciudad Juárez están relacionadas directamente con el reacomodo del grupo de Los Mexicles, que se debilitó después de la toma del penal y entre ellos lidian con múltiples fracturas, aparte de lo que aprovecha en ese sentido el cártel de la Línea y todas sus células para posicionarse y ganar territorio.
Mientras que en la ciudad de Chihuahua la confrontación se remite a la guerra por controlar el mercado del “cristal” entre el Cártel de Juárez y el de Sinaloa, con lo cual se remarca que son los dos bandos antagónicos desde hace décadas; la cuestión es que tienen muchos subgrupos en operación, pero se remiten a esas dos grandes células.
Por ello, es vital contar con la Plataforma Centinela que va a venir a reforzar como ya lo hace PECUU, gracias a la cual se han contenido robos, extorsiones, asaltos y secuestros.
¿Y qué quiere la gobernadora?, resalta el fiscal, hacer cosas muy distintas a lo que se ha venido haciendo en materia de seguridad y arroje avances no sólo en materia reactiva sino preventiva.
“Si no le das instrumentos a tus policías que les permitan realizar las investigaciones en forma más precisa con datos duros, va a ser muy difícil que le puedas ir ganando terreno de delincuencia. Te puedo asegurar que los criminales son los que menos quieren que se instale la Plataforma Centinela”.
César Jáuregui apunta hacia otro factor relevante: los reclusorios, donde se fragua la maquinaria delictiva, desde ahí se orquesta y tienen un constante reclutamiento. “Para ello se requiere hacer inteligencia penitenciaria, que te permita tener suficiente información interna, con la cual puedas anticiparte y advertir lo que ocurrirá afuera”.
A partir de que la Secretaría Estatal de Seguridad Pública tomó el control de los Ceresos –abunda el fiscal— habrá una labor significativa en los objetivos trazados, casi inmediatamente después del motín y fuga en Juárez hubo un traslado de casi 200 reos, seguramente fueron de los que más generaban conflicto y que pertenecían a bandas específicas y “yo estoy seguro que se va a hacer esa evaluación y se va a hacer algo para preparar el terreno y poner orden”.
Al referir el trabajo coordinado entre Fiscalía y SSPE, César Jáuregui y Gilberto Loya ya formaron una mancuerna para cerrar la pinza, desde las estrategias y los operativos hasta los cuerpos policíacos y los penales; ya es otro panorama para los chihuahuenses, ya que es además una realidad la coordinación con corporaciones federales.
Nota originalmente publicado en El Heraldo de Chihuahua