Entre 10 millones y 15 millones de pesos se encuentran en “juego” luego de que poco más de 3 mil amparos generados por alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), para pedir la gratuidad que marca la Constitución, lo cual hasta el momento se encuentra pendiente de resoluciones por parte del Poder Judicial de la Federación.

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Así lo explicó Antonio Aguirre López, quien es el abogado general de la universidad, y quien detalló que los trámites generados por los alumnos deben contar con una sentencia definitiva para que cause su efecto final, pero al momento reconoce que al menos mil de los trámites que se han interpuesto han recibido suspensiones definitivas y provisionales que mantienen en un avance en los diferentes amparos.

Todo lo anterior, refiere es parte de la reforma al Artículo 3°, que se le hizo a la Constitución por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la que se busca el derecho a la educación y mantiene un principio de gratuidad, pero destacó que hasta el momento no se hicieron los mecanismos para acatar el principio de gratuidad, es decir no se buscó la forma para solventar esa falta de cobro en las inscripciones.

“El derecho lo tienen, el principio de la gratuidad está condicionado, el Estado Mexicano no ha generado el mecanismo para que la gratuidad pueda ser principio de goce, y además contempla la reforma que la gratuidad debe ser gradual, progresiva y nunca afectar las arcas de la universidad”, precisó el abogado.

Refiere que si la universidad deja de cobrar ese concepto, es porque alguien le va proporcionar los recursos, que se traduce en una pérdida de ingreso, y eso será cuando la Federación entregue el recurso para poder cubrir los millones de pesos que se dejarían de recibir por no cobrar la inscripción de los alumnos.

El abogado general de la UACh refirió que hay varios factores por lo cual se iniciaron los amparos en 2024 y no en 2019, pues advierte que uno de los puntos, fue porque cuando se hizo la reforma, mucha gente no le prestó atención, pero a partir del 2020 empiezan a presentarse en la universidad, de una forma muy reducida.

“Empieza a popularizarse y va creciendo la cantidad de alumnos que presentan sus amparos hasta que ahorita, tampoco nos vamos a cegar, hay un tiempo electoral y ahí hay intereses de por medio, algo que es seriamente cuestionable y ha llamado la atención de todos los que sabemos de derecho, pues es que se les pidió credencial de elector para presentar el amparo cuando no es un requisito y no guarda una relación directa con el acto que reclaman”, compartió el abogado.

Es decir que aunado a la reforma, en esta fecha han notado algunos intereses políticos, ya que incluso detectaron una campaña “masiva” para llevar a cabo los trámites, “sin advertir que implica una afectación al interés de la colectividad, o sea, dejando de pagar ellos, se afecta a la educación que es el derecho humano que no se debe haber afectado, por eso la reforma contempla que no puede ser con cargo a la universidad, porque entonces estoy afectando los ingresos de la gente obligado a garantizar la educación y para garantizar la obligación, pues requiere recursos”.

Mencionó que se dé forma especulativa porque los tiempos obedecen al Poder Judicial, que hasta el 26 de febrero sería la última fecha en la que se pueda estar recibiendo amparos en tiempo, por lo que esperan que entre esos días, puedan tener la cantidad de alumnos que están involucrados en todo este proceso.

Adelantó que hay juzgados en los que se ha estado llevando a cabo la audiencia constitucional, los cuales se están resolviendo en un plazo de uno o dos meses y “si automatizan el criterio y trae como consecuencia que se nieguen todos los amparos que no es que nosotros lo impongamos, pero es lo que advertimos que debería suceder, pues a lo mejor en un lapso de unos cuatro meses van a estar todos los amparos resueltos, pero posterior a eso podrían quejosos presentar su recurso de revisión que conoce otra instancia los tribunales colegiados y ahí viene, pues otro otra serie de plazos de más de ocho meses”, afirmó el abogado.

A la fecha, refirió que la universidad está realizando una extensión de pago, para los alumnos que ya cuentan con suspensión provisional o definitiva, y justificar la falta de pago, “requerimos una constancia, que acredite cuál es la razón, porque puede ser un problema el día de mañana. Si nosotros tenemos un procedimiento instaurado y cumplimos nuestros propios procesos, entonces para salvaguardar cualquier regularidad o irregularidad vaya, pues emitimos un proceso un lineamiento, entonces todos los alumnos tienen todos los derechos, no, no hay ninguna afectación, pero les hemos pedido que concluyan su proceso”.

Este lunes, más de una decena de estudiantes universitarios, en específico de la Facultad de Zootecnia y Ecología, así como Derecho, acudieron al edificio de Rectoría de la Universidad Autónoma de Chihuahua para recibir una carta que avala la notificación de la suspensión provisional.

Son cerca de mil amparos que cuentan con una suspensión provisional o definitiva, la Universidad Autónoma de Chihuahua, el procedimiento marca que los estudiantes deben acudir al Departamento Jurídico de la Universidad a fin de recoger dicho documento, donde además vienen los lineamientos establecidos por la UACh.

Los lineamientos institucionales para dar cumplimiento administrativo en las demandas de amparo por gratuidad interpuestas por la comunidad estudiantil fueron publicados en la Gaceta Universitaria el 1 de febrero de 2024.

En esta carta de exención de pago a estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua se cuenta con un número de folio, nombre completo del alumno, matrícula, programa académico al que pertenece, la cantidad y el periodo por el que se exenta de pago al estudiante. Este documento sólo avala el periodo de la medida cautelar o bien como cumplimiento de la sentencia ejecutoria.

En el caso de los alumnos que pagaron la cuota de inscripción y promovieron amparo para la devolución, una vez que se obtenga la sentencia definitiva deberá seguir un trámite distinto, ya que deberá acudir a la Caja Única de Zootecnia y Ecología con la original y copia de la carta, copia certificada del auto que declaró ejecutoriada la sentencia de amparo.

La carta que los estudiantes recibieron les da certeza jurídica a los que forman parte de los amparos. En el caso del amparo radicado bajo el número 262/2024 del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua se interpuso el 23 de enero de 2024, para el 25 de enero se admitió la demanda y se agendó la audiencia constitucional para el 27 de febrero de 2024. El 1 de febrero de 2024 se le concedió al amparado de la Facultad de Derecho la suspensión definitiva en contra de la autoridad.

La misma universidad llevó a cabo un anuncio para realizar de forma ordenada la entrega de constancias, que será de 9 a las 15 horas, dependiendo del juzgado al que pertenezcan los alumnos, según dio a conocer la máxima casa de estudios a través de sus redes sociales.

Con información de: Ricardo Holguín / El Heraldo de Chihuahua

Nota original en El Heraldo de Chihuahua