Cuestiones sociales, salud, educación, así como la creciente situación de desplazamiento forzado y desaparición son parte de la problemática social que se vive en la Sierra Tarahumara, donde impera la impunidad y un gobierno que no atiende.
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El sacerdote Héctor Fernando Martínez Espinosa, vicario de la Diócesis de la Tarahumara, señaló que los homicidios de los sacerdotes jesuitas pudieron haberse evitado, si desde hace un año el Ejecutivo les hubiera prestado oídos.
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Se presume que el líder criminal José Noriel Portillo Gil alias el Chueco y el Paletas mató al guía de turistas debido a que no accedió a seguir pagando la “cuota” para trabajar en la zona, ya que es una de las actividades recaudatorias que realiza el lugarteniente de sicarios de los Salazar, grupo al mando de Gente Nueva y brazo armado del Cártel de Sinaloa en Chihuahua.
La Diócesis de la Tarahumara busca una audiencia con Gobierno del Estado
Desde hace un año, la Diócesis de la Tarahumara busca una audiencia con Gobierno del Estado, incluso su agenda social se la han planteado a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, sin embargo hasta el momento no se les ha dado la oportunidad de exponer la situación y los planteamientos que ellos tienen para la pacificación de la zona y la regeneración del tejido social.
El presbítero mencionó que al menos desde hace seis años Portillo Gil funge como jefe de plaza, montaba retenes en la vía, pero nunca los sacerdotes habían tenido algún incidente, salvo cuando agredía a la gente que acompañaban en las diversas comunidades. Estaba cobrando “cuota” y por ello suponen que al guía de turistas lo asesinó al no querer aportarle.
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Al momento los cuerpos de las tres víctimas, los dos jesuitas y el guía, se encuentran desaparecidos, “Nuestra preocupación principal es recuperar los cuerpos, en otras ocasiones que el Chueco se ha llevado los cuerpos han tardado meses en encontrarlos. Lo que nos duele es que se pudo haber evitado”.
Reitero que la autoridad estatal no ha querido atender la agenda social, “La gobernadora Maru Campos no nos ha hecho caso, ha dicho en múltiples ocasiones que el estado está pacificado”.
El sacerdote además dijo que días anteriores al homicidio de los sacerdotes jesuitas se registraron varios enfrentamientos armados, lo que ocasiona el desplazamiento y la desaparición. La respuesta del Estado sólo ha sido asistencial, “Han querido atender de manera asistencial, dando despensas y cobijas, pero no estructuralmente”.
Incluso han pedido audiencia con el titular de Coepi, pero tampoco los han querido atender a pesar de que les avala una trayectoria de años de trabajo en la Tarahumara.
