Chihuahua se encuentra dentro de las 10 entidades con mayores episodios de desplazamiento forzado interno. Las comunidades indígenas son las que sufren el impacto de esta problemática, el caso más reciente se registró en Cinco Llagas en el municipio de Guadalupe y Calvo, donde el desplazamiento es constante a causa del crimen organizado.
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El Colectivo de Víctimas de Desplazamiento Forzado y OSC’s acompañantes se sumó a la exigencia para la atención inmediata de la problemática a fin de que las comunidades indígenas puedan permanecer en sus territorios ancestrales.
Se había previsto que la Mesa de Seguridad fuera en Guadalupe y Calvo a fin de atender la problemática, sin embargo el conflicto en el triángulo de Ojinaga, Coyame y Manuel Benavides acaparó la atención de las autoridades, ya que tras los enfrentamientos armados registrados el pasado domingo ocasionaron el cierre de comercios, la suspensión de actividades en la Clínica del IMSS y la cancelación de la inspección de ganado en los corrales de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua.
Las principales causas del desplazamiento forzado interno que se sufre en México son la violencia generada por el crimen organizado, los conflictos por el territorio, el despojo de patrimonio territorial y biocultural con los megaproyectos y el despojo territorial por diferencias por pertenencia de la tierra.
El control del territorio es una de las principales causas que ocasionan el desplazamiento, acarreando grave sufrimiento y desarticulación de las comunidades.
El desplazamiento forzado interno está vinculado al control de los territorios por parte del crimen organizado que ejerce violencia sobre las comunidades indígenas y sus integrantes. A través de amenazas, ataques armados, homicidios, desapariciones, reclutamiento forzado, quema de viviendas, trabajo forzado, violencia sexual, extorsiones, entre otras.
Representantes de asociaciones civiles como Consultoría Técnica Comunitaria y Alianza Sierra Madre se reunieron durante la pasada semana con el secretario de Gobierno, para exigir atención a la problemática.
Consultoría Técnica Comunitaria informó que las comunidades indígenas afectadas por la violencia que están siendo víctimas de desplazamiento forzado, “Las organizaciones civiles preocupadas por el tema, esperan que se tomen acuerdos que garanticen el diseño y planeación de una estrategia a mediano y largo plazo que asegure la atención al tema de seguridad en esa región”.
El miedo impide que las víctimas denuncien ante la Fiscalía, sin embargo el delito existe y la autoridad estatal lo ha confirmado a través de la atención reactiva que ha brindado en la zona de conflicto en el triángulo dorado.
De acuerdo a los Principios rectores de Desplazamiento Interno Forzado elaborados por las Naciones Unidas (ONU), el desplazamiento ocurre cuando las personas o grupos de personas se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.
Contec y Alianza Sierra Madre coinciden en que los trabajos de las instancias públicas no deben limitarse a la seguridad pública, sino que deben incluir aspectos de la vida cotidiana tan sensibles como la salud, la educación y la alimentación.
Solicitan que se establezca una Mesa de trabajo interinstitucional para que atiendan estos temas las instancias correspondientes de los tres niveles de gobierno.
Reiteraron que aún 110 personas indígenas siguen clamando por ayuda para ser trasladadas con seguridad a Baborigame, pues se encuentran aisladas y en peligro, y sin alimento pasando hambre.
El Colectivo de Víctimas de Desplazamiento Forzado y OSC’s acompañantes entre las cuales se encuentra Contec, han documentado que de 2006 a 2021 se registraron 386 mil personas desplazadas internas por la violencia en México. En 10 estados se concentran los mayores episodios de desplazamiento: Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Sonora, Zacatecas, Quintana Roo, CDMX y Sinaloa, estados que coinciden con el mayor número de pueblos indígenas.
El Colectivo de Víctimas de Desplazamiento Forzado y OSC’s acompañantes se sumó a la exigencia al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; a la Secretaría de Gobernación, Luisa Alcalde y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como a la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía General del Estado, que actúen de inmediato, así como a implementar estrategias efectivas que garanticen la protección de la vida y la permanencia de las comunidades de Guadalupe y Calvo en sus territorios ancestrales.
El colectivo está integrado por Contec - Consultoría Técnica Comunitaria AC, Serapaz México, Centro de Defensa De Los Derechos Humanos "Jose Maria Morelos y Pavón", MULTI - Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente, Aluna Acompañamiento Psicosocial, OSHRA Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán, Foro Para El Desarrollo Sustentable y Centro de Derechos de las víctimas de violencia Minerva Bello.
Nota original: El Heraldo de Chihuahua
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