El Manzano en Uruachi, Monterde en Guazapares y Coloradas de la Virgen y La Sierrita, en Guadalupe y Calvo, son algunas de las zonas conflictivas donde los grupos armados han sembrado el terror y obligado a los residentes a huir.
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En Chihuahua, las condiciones de inseguridad en los territorios indígenas, la omisión estatal y la sistemática violación a derechos humanos ha generado las condiciones para el desplazamiento forzado de cientos de personas que han tenido que salir de sus comunidades.
Las comunidades rarámuri y ódami, previo a su desplazamiento, vivieron una violencia generalizada por la presencia de grupos criminales, reclutamiento forzado de jóvenes, despojo de tierras, robo de animales, tala ilegal del bosque, extorsiones o cobro de piso, agresiones físicas, amenazas, quema de viviendas, violaciones, secuestros y homicidios, todo ello en total impunidad.
La comunidad de El Manzano, en el municipio de Uruachi, ha sido uno de los casos más conocidos, ellos fueron desplazados desde el 2015, sin embargo su caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con apoyo de las organizaciones civiles.
Los desplazados de El Manzano han tratado de regresar a su territorio, pero cada intento les ha costado la vida de un miembro.
Las personas desplazadas relatan que los habitantes de la Sierra viven en la angustia porque no hay una verdadera estrategia de combate a los grupos armados, simplemente se trata de recorridos parciales e intermitentes.
El homicidio de uno de los hijos del defensor Cruz Sánchez inició el calvario de la comunidad. En el 2015 empezaron a recibir amenazas. El 29 de marzo llegaron hombres armados para atacar a la comunidad, "Hicieron una balacera que duró muchas horas. Quemaron las casas de nosotros, camionetas y otras pertenencias", relató una de las personas desplazadas.
Recuerda que ese día, Cruz Sánchez Legarda, gobernador rarámuri, trató de comunicarse con las autoridades, pero nadie respondió.
Tras la balacera salieron huyendo de la comunidad, sólo con lo que traían puesto. Tuvieron que caminar por la sierra hasta encontrar apoyo para evitar ser asesinados a causa de la defensa del bosque de un grupo delictivo que se apoderó del territorio y del aserradero del ejido Rocoroyvo, al que pertenece la comunidad.
Al no tener nada, las organizaciones como Consultoría Técnica Comunitaria y Centro de Derechos Humanos de las Mujeres empezaron a apoyarlos.
Un año después otro grupo de más de 60 personas también tuvo que salir porque las amenazas continuaron, como parte de la intimidación que genera el grupo delictivo que en ese entonces era controlado por José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco.
Ya tenemos más de ocho años desde que salimos y no hemos podido regresar porque no han podido responder nada. Se han desplazado más personas
Al Colectivo de Desplazados también pertenecen los de Coloradas de la Virgen y La Sierrita de Guadalupe y Calvo. Juan como le llamaremos a uno de sus integrantes relató que desde hace un año tuvieron que salir de su comunidad, tras las amenazas de muerte que pesan en su contra. Al menos ocho defensores del territorio de Coloradas de la Virgen han sido asesinados y más de 200 personas desplazadas. En 2018 Julián Carrillo fue asesinado y en 2022 se cumplió la sentencia de muerte para el rarámuri José Trinidad Baldenegro.
Esta comunidad recibe acompañamiento por parte de Alianza Sierra Madre, quienes han documentado que desde el 2007 los ataques en contra de la comunidad agraria, integrada por indígenas rarámuris y ódamis, derivado de que la autoridad federal entregó permisos de aprovechamiento forestal a otras personas, por lo que la lucha por la cancelación inició pero con ello también crecieron las amenazas, homicidios y presencia de grupos armados.
En la zona además se quiere abrir una mina para explotar oro, la comunidad se opone a que destrocen su bosque.
Con las reiteradas denuncias y tras la muerte de Julián Carrillo se implementaron operativos y acciones para brindar seguridad, pero en la práctica no hay resultados.
El gobernador de Coloradas de la Virgen también se encuentra desplazado, después de que unos hombres armados llegaron para talar el bosque. “Me quisieron dar un dinero para que les diera permiso de talar, pero les dije que la gente no estaba de acuerdo”.
Al no aceptar la propuesta la sentencia de muerte estaba por cumplirse, por lo que el Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas lo sacaron de la zona.
Las personas desplazadas coinciden en que a pesar de las denuncias no existe la voluntad para atrapar a las personas que cometen las acciones violentas porque las autoridades conocen quiénes son y dónde operan.
Nota original en El Heraldo de Chihuahua
