Hoy se cumplen cinco días desde que las comunidades de El Cajoncito, El Pie de la Cuesta y Las Casas se refugiaron en Cinco Llagas, huyendo de la violencia criminal que las tiene aterrorizadas y que las ha expulsado de sus casas y territorios. La petición de seguridad y atención sigue sin ser escuchada.
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La organizaciones de la sociedad civil que acompañan a las personas desplazadas, así como las Diócesis de Tarahumara y la Parroquia de Baborigame urgieron a todos los ámbitos de gobierno para que colaboren y se coordinen entre sí para garantizar el restablecimiento de la paz en el municipio, así como para atender adecuadamente y ofrecer atención humanitaria a las comunidades afectadas.
Actualmente solo se cuenta con la presencia de 4 camionetas con elementos de Seguridad Pública Estatal, sin embargo, los civiles armados ascienden a un estimado de 100 personas, que se han dedicado a amenazar gente, bloquear caminos con árboles y aterrorizar poblaciones enteras.
Se calcula que unas 70 familias, alrededor de 300 personas, se encuentran ahora ante nuevos peligros: no tienen alimentos y, aunque hay policías estatales, necesitan la presencia de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional para que, en conjunto, puedan garantizar su seguridad y el resguardo de sus vidas.
El territorio de Guadalupe y Calvo, enclavado en el famoso triángulo dorado, donde se juntan Chihuahua, Sinaloa y Durango, había sido ocupado por el cártel de Sinaloa durante décadas, pero hace aproximadamente dos años comenzó a ser disputado por diversos grupos armados, que hoy aterrorizan a las comunidades, las ponen en riesgo y las expulsan de sus territorios, privándolos del ejercicio de su cultura y de su forma de vida.
Basta con hacer un recuento de cómo poblados enteros han sido víctimas de desplazamiento, los antiguos moradores deben de dejar sus casas y pertenencias ante el terror que generan los criminales, porque además les arrebatan el bosque para talarlo. Los criminales reclutan a las personas, quienes en caso de no acceder son asesinados.
Poblados como La Sierrita, Santa Tulita, San Juan Nepomuceno, El Manzano, Placeres, Algarrobas, El Cajoncito, Las Casas, Pie de la Cuesta y otras, han sido víctimas de la violencia que la disputa entre civiles armados ha generado, y que en muchas ocasiones termina por expulsarlos de sus tierras y de sus casas.
A esas comunidades se suman Llano Grande, Milpillas de Abajo y La Arenosa que previamente habían sido desplazadas. Con ello también se incrementó la tala ilegal. La tala sin control avanza a pasos agigantados, a costa del dolor, la muerte y el desplazamiento de cientos de personas.
En el caso de La Sierrita, sus pobladores huyeron del lugar en junio del 2023, sus casas fueron quemadas; se ha denunciado que en Santa Tulita las familias viven amenazadas desde hace seis meses sin que se garantice su seguridad.
El incremento de la violencia en la zona, ha ocasionado que desde el mes de mayo, es decir ya se contabilizan 4 meses, que la distribución de alimentos por parte de Diconsa se ha visto interrumpida por las amenazas de criminales, dejando en la indefensión alimentaria a decenas de familias indígenas.
Pobladores de la zona indicaron que a mediados de junio hubo fuertes enfrentamientos y balaceras que los hicieron temer por sus vidas y las de sus familias, por lo que se retiraron temporalmente del territorio. Luego volvieron, al conocer que la situación de inseguridad había disminuido.
El 27 de agosto las cosas empeoraron a tal grado que las familias se encuentran refugiadas en Cinco Llagas sin poderse moverse, porque en ello se les puede ir la vida.
La Parroquia de Baborigame, la Diócesis de Tarahumara y organizaciones de la sociedad civil que acompañan a las comunidades en desplazamiento reiteraron el llamado al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, que ordenen la movilización de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano para que apoyen a las fuerzas estatales de seguridad pública en el restablecimiento de la seguridad en la zona.
La petición además incluye que se instale un destacamento permanente del Ejército Mexicano en la zona para garantizar la contención de los actos de violencia.
El miedo se apodera de las más de 300 personas desplazadas, quienes desean ser trasladados a una zona segura, donde se les brinde asistencia humanitaria.
También reiteraron el llamado a la gobernadora María Eugenia Campos para que se atienda a las víctimas de desplazamiento forzado.
Nota publicada en El Heraldo de Chihuahua
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