El Diagnóstico contra las Mujeres Indígenas, elaborado por la Red Nacional de Abogadas Indígenas en el que se incluye la etnia rarámuri, muestra que entre las principales causas que impiden la justicia para mujeres violentadas es que las autoridades comunitarias no conocen ni reconocen la violencia como problema colectivo ni como asunto de comunidad.
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El reporte muestra que todavía las autoridades de etnias no conocen los distintos tipos de violencia y sólo admiten intervenir, en algunas ocasiones, en casos de violencia física.
Señala que cuando una mujer toma la decisión de denunciar agresiones de cualquier tipo se encuentran con la incomprensión de los integrantes de su misma etnia, principalmente cuando la violencia viene de algún familiar de la víctima.
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Dentro del proceso de búsqueda de conciliación, la revictimización de las mujeres se da a través de culparlas de la situación y es frecuente que, incluso, se les reprenda.
El estudio documenta que es frecuente que las autoridades comunitarias que intervienen en problemas de violencia de género fundamentan sus decisiones, consejos y medidas a partir de los usos y costumbres comunitarios, en los que esta problemática no se reconoce como un problema a reglamentar, sino como una condición individual, familiar o de pareja.
En algunas comunidades, aún se tiene la tradición de que la conciliación entre los afectados consiste en escuchar a ambas partes para luego hacerles recomendaciones: que cada quién debe ser diferente, ella más respetuosa y cuidadosa, es decir se reproducen los roles de género y se justifican comportamientos basados en la construcción cultural de la femineidad.
Agrega que la condición de vulnerabilidad de las mujeres víctimas de violencia en el ámbito comunitario se acrecienta por la falta de apoyo social y familiar, así como por los valores culturales que median para que las mujeres denuncien, se acerquen a autoridades varones e intenten solucionar su problemática de violencia.
Con base en esto, la Red Nacional señala que hasta el momento la forma de intervenir en casos de violencia contra mujeres indígenas en localidades no es eficaz para garantizar y promover el derecho de las mujeres indígenas a vivir libres de violencia.
