Las diferentes autoridades atienden el problema del desplazamiento forzado interno, pero la delincuencia está arraigada en las comunidades, lo que hace muy compleja la situación de las familias que tienen que ser llevadas a otros sitios sin poder regresar a sus hogares.
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Así lo dijo el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Néstor Armendáriz, en relación a una carta de los pobladores de la comunidad de Baborigame en donde denuncian ante la Segob, FGE, SSPE y diferentes instituciones gubernamentales, la situación de inseguridad y desplazamiento forzado, de la que son víctima por parte de la delincuencia organizada.
"Sí tenemos conocimiento de algunos eventos principalmente en las comunidades de Guadalupe y Calvo, pero también somos testigos desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de que se están atendiendo por diversas instancias", expuso.
En este sentido, el ombudsman recordó que fue creada una Comisión de Desplazamiento Forzado Interno la cual está conformada por 15 dependencias de la administración pública estatal, la CEDH, así como otros entes involucrados.
Manifestó que en distintas ocasiones se han traslado a localidades de Baborigame y otras pertenecientes al municipio de Guadalupe y Calvo, en donde se han detectados los problemas de seguridad.
Reconoció que se han registrado lamentables eventos que han derivado en la necesidad de algunas personas de salir de sus comunidades de origen, por lo que la Ceave y la Secretaría General de Gobierno, han coordinado esfuerzos para atender la problemática.
"Nosotros hemos participado incluso, en el traslado de uno de los grupos de personas, el más numeroso, fueron 58 personas que se trasladaron a diferentes puntos del estado, primero a la zona norte y luego a petición de ellos mismos, se le llevó a otra parte en donde se encuentran actualmente; me reservo los datos por cuestiones de seguridad", enfatizó.
Néstor Armendáriz comentó que si bien, las necesidades son muchas, como lo es en materia de alimentación, salud, vivienda, entre otros, también se han realizado esfuerzos importantes para conseguirles trabajo, escuela para sus hijos y demás.
Subrayó que el problema de fondo sí es bastante grave, porque las cuestiones de inseguridad están arraigadas y generalizadas en las comunidades, lo que no permite un retorno seguro de los desplazados a sus hogares.
Añadió que a pesar de los operativos realizados por las corporaciones estatales en coordinación con la Sedena y la Guardia Nacional, una vez que se reduce la presencia gubernamental, los grupos delictivos se reagrupan y comienzan nuevamente las amenazas y las agresiones en contra de la población.
El titular de la CEDH destacó que los diferentes entes de gobierno podrían fortalecer la coordinación y con el apoyo de la sociedad civil, se pueda atender aún con más fuerza el problema, y agregó que el hecho de que se esté abordando el desplazamiento interno, es importante porque hace algunos años no era abordado ni mucho menos había sido tipificado en la ley.
Nota original en El Heraldo de Chihuahua
