/ jueves 27 de abril de 2023

Cierre de gasoducto en Témoris pone en riesgo el abastecimiento a comunidades de Sonora y Sinaloa

El director de Segob se reunirá con representantes de la CFE y con los ejidatarios que se encuentran inconformes con el paso del gasoducto

Tras el conflicto que se mantiene entre más de 200 ejidatarios de la comunidad agraria de Témoris en el municipio de Guazapares, quienes han cerrado una válvula de un gasoducto que atraviesa por sus tierras, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunció que este jueves viajará el director de la Segob, para iniciar una mesa de diálogo con las partes involucradas en el conflicto.

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“Vamos a trabajar coordinados por Segob, una mesa que iniciará y vamos a tratar que haya un arreglo lo más pronto posible y se complemente la indemnización tal y como la instruyó el Tribunal Agrario, les pediría, no es condicionante, a que liberemos la válvula, ponemos en riesgo el abastecimiento de gas natural, habría que suspender energía eléctrica de comunidades de Sinaloa y Sonora” refirió el Secretario de Gobernación, durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Refirió que los ejidatarios, inconformes en Chihuahua, han tomado unas instalaciones con el cierre de una válvula, que no son de la CFE, pero que son instalaciones de un ducto, que lleva gas desde la frontera norte, hasta Topolobampo, Mazatlán y Hermosillo, lo cual pone en riesgo a los ejidatarios como al entorno de los mismos.

“Han cerrado la válvula, ponen en riesgo la seguridad y vida no solo de quienes tienen tomadas las instalaciones y el entorno, mantienen un reclamo por el pago de una indemnización, hay resolución de tribunales agrarios que obliga a revisar los contratos de ocupación superficial o de derecho de paso, celebrados entre una empresa, que es la concesionaria la propietaria del ducto y la comunidad”, comentó.

Anunció que este día, el Director General de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, acudirá al estado de Chihuahua, para iniciar la revisión de su planteamiento, donde pretenden reunirse con representantes de la CFE, de la empresa, y los ejidatarios que se encuentran inconformes con el paso del gasoducto.

Es de mencionar que el conflicto se mantienen desde el 2015, con una empresa transnacional denominada "TC Energy" y que a decir de los comuneros, la obra desde su origen violó la ley agraria, la ley ambiental y la ley civil, situación que llevó a que en el 2018 el Tribunal Agrario Distrito 5 con sede en la capital del estado de Chihuahua, decretara la nulidad de las escrituras y contratos, ordenando a la compañía a celebrar nuevos contratos justos y apegados a las leyes que están violentando, situación a la que se han negado desde esa fecha.

Sobre este tema, el abogado representante en el juicio agrario de la comunidad Martín Millanes, dio a conocer que mediante el expediente 1064/2017 se encuentra un juicio agrario en el que se demandó la nulidad de los contratos y escrituras que amparan el paso del gasoducto, partiendo este de El Encino comunidad en Chihuahua hasta Topolobampo, Sinaloa siendo 540 kilómetros pero en la comunidad de Témoris solo atraviesan cerca de 17 kilómetros.

Foto: Isaac Molina | El Sol de Parral

Señaló que la problemática surge a raíz de que los contratos celebrados fueron falsos, pero al abrir el caso, el Tribunal Agrario Distrito 5 con sede en Chihuahua determinó mediante sentencia que la obra desde un inicio violó la ley agraria, la ley ambiental y la ley civil, por lo que en el 2018 se decretó la nulidad de las escrituras y contratos que amparaban el paso del gas por la comunidad.

Según informó el representante, durante todos estos años (de 2015 a la fecha) no ha dejado de fluir el gas, 600 millones de pies cúbicos diariamente, por lo que de sacar cuentas no les alcanzaría el espacio para llegar a los miles de millones de pies cúbicos de gas que durante ocho años o más han fluido ilegalmente por sus tierras de uso común.

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Posterior a ello, el abogado indicó que la empresa se ha negado sistemáticamente a la celebración de los nuevos contratos porque mantiene su postura de seguir agraviando a la comunidad con ofrecimientos irrisorios que en el mejor de los casos implica un pago único de poco menos de cien mil pesos por comunero y "beneficios sociales" por una cantidad igual, buscando ellos un beneficio del 2.5 por ciento del total de la ganancias de la empresa.

Nota original en El Heraldo de Chihuahua

Tras el conflicto que se mantiene entre más de 200 ejidatarios de la comunidad agraria de Témoris en el municipio de Guazapares, quienes han cerrado una válvula de un gasoducto que atraviesa por sus tierras, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunció que este jueves viajará el director de la Segob, para iniciar una mesa de diálogo con las partes involucradas en el conflicto.

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“Vamos a trabajar coordinados por Segob, una mesa que iniciará y vamos a tratar que haya un arreglo lo más pronto posible y se complemente la indemnización tal y como la instruyó el Tribunal Agrario, les pediría, no es condicionante, a que liberemos la válvula, ponemos en riesgo el abastecimiento de gas natural, habría que suspender energía eléctrica de comunidades de Sinaloa y Sonora” refirió el Secretario de Gobernación, durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Refirió que los ejidatarios, inconformes en Chihuahua, han tomado unas instalaciones con el cierre de una válvula, que no son de la CFE, pero que son instalaciones de un ducto, que lleva gas desde la frontera norte, hasta Topolobampo, Mazatlán y Hermosillo, lo cual pone en riesgo a los ejidatarios como al entorno de los mismos.

“Han cerrado la válvula, ponen en riesgo la seguridad y vida no solo de quienes tienen tomadas las instalaciones y el entorno, mantienen un reclamo por el pago de una indemnización, hay resolución de tribunales agrarios que obliga a revisar los contratos de ocupación superficial o de derecho de paso, celebrados entre una empresa, que es la concesionaria la propietaria del ducto y la comunidad”, comentó.

Anunció que este día, el Director General de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, acudirá al estado de Chihuahua, para iniciar la revisión de su planteamiento, donde pretenden reunirse con representantes de la CFE, de la empresa, y los ejidatarios que se encuentran inconformes con el paso del gasoducto.

Es de mencionar que el conflicto se mantienen desde el 2015, con una empresa transnacional denominada "TC Energy" y que a decir de los comuneros, la obra desde su origen violó la ley agraria, la ley ambiental y la ley civil, situación que llevó a que en el 2018 el Tribunal Agrario Distrito 5 con sede en la capital del estado de Chihuahua, decretara la nulidad de las escrituras y contratos, ordenando a la compañía a celebrar nuevos contratos justos y apegados a las leyes que están violentando, situación a la que se han negado desde esa fecha.

Sobre este tema, el abogado representante en el juicio agrario de la comunidad Martín Millanes, dio a conocer que mediante el expediente 1064/2017 se encuentra un juicio agrario en el que se demandó la nulidad de los contratos y escrituras que amparan el paso del gasoducto, partiendo este de El Encino comunidad en Chihuahua hasta Topolobampo, Sinaloa siendo 540 kilómetros pero en la comunidad de Témoris solo atraviesan cerca de 17 kilómetros.

Foto: Isaac Molina | El Sol de Parral

Señaló que la problemática surge a raíz de que los contratos celebrados fueron falsos, pero al abrir el caso, el Tribunal Agrario Distrito 5 con sede en Chihuahua determinó mediante sentencia que la obra desde un inicio violó la ley agraria, la ley ambiental y la ley civil, por lo que en el 2018 se decretó la nulidad de las escrituras y contratos que amparaban el paso del gas por la comunidad.

Según informó el representante, durante todos estos años (de 2015 a la fecha) no ha dejado de fluir el gas, 600 millones de pies cúbicos diariamente, por lo que de sacar cuentas no les alcanzaría el espacio para llegar a los miles de millones de pies cúbicos de gas que durante ocho años o más han fluido ilegalmente por sus tierras de uso común.

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Posterior a ello, el abogado indicó que la empresa se ha negado sistemáticamente a la celebración de los nuevos contratos porque mantiene su postura de seguir agraviando a la comunidad con ofrecimientos irrisorios que en el mejor de los casos implica un pago único de poco menos de cien mil pesos por comunero y "beneficios sociales" por una cantidad igual, buscando ellos un beneficio del 2.5 por ciento del total de la ganancias de la empresa.

Nota original en El Heraldo de Chihuahua

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