Con una reforma al Código Penal del Estado de Chihuahua es como se buscan aumentar los castigos por el delito de matrimonio forzado quedando en una pena de cinco a diez años y una multa de doscientas a quinientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización.
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Es preciso comentar que esa pena se aumentará hasta en un tercio en los casos donde las víctimas pertenezcan a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana.
El delito de matrimonio forzado es todo aquel en el que la persona, mediante engaños, intimidación o violencia, obliga, coacciona, induce, solicita, gestiona u ofrece a otra persona a contraer matrimonio con o sin su consentimiento a cambio de algún beneficio directo o indirecto.
Contrario a lo que muchos creen, esta práctica se sigue dando a la fecha en diversas regiones del país, razón por la cual el diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Omar Bazán Flores, propuso esta adecuación a la ley como una medida que permita erradicar este tipo de delito en la entidad.
Los especialistas señalan que esta acción es producto del orden patriarcal en donde prima la autoridad del varón y los derechos fundamentales de la mujer son violados, suprimiendo su libertad y posibilidad de autodeterminación.
El matrimonio y las uniones tempranas despojan a las niñas y adolescentes de su infancia, siendo una práctica nociva y una forma de violencia que vulnera sus derechos y les afecta en su salud, educación, integridad e incrementa la discriminación y la violencia contra ellas.
"No tenemos duda de que el matrimonio forzoso o servil es una forma de explotación en la trata de personas". En su exposición de motivos detalló que, de acuerdo con algunas estadísticas, a nivel mundial, 15 millones de niñas se casan antes de cumplir la mayoría de edad, mientras que a nivel Latinoamericano una de cada cuatro son las que contraen matrimonio antes de los 18 años.
La encuesta de Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas (ENSADEMI) en 2008 concluyó que de los aproximadamente 13 millones de mujeres indígenas, el 1.8 por ciento se había casado sin su consentimiento; el 2.3 por ciento inició su relación.
Nota original en El Heraldo de Chihuahua
