De acuerdo con el Diagnóstico de Seguridad Pública y Procuración de Justicia proporcionado por la Fiscalía General del Estado, los homicidios dolosos en el estado aumentaron 30.5% entre los primeros nueve meses de 2016 y el mismo periodo de 2021.
El diagnóstico muestra que la cifra de homicidios en el citado lapso pasó de 1,470 en 2016 a 1,919 en 2021 y de éstas un 79% tienen alguna relación con el crimen organizado.
De igual manera, en el estudio se expone que una de las principales problemáticas delictivas de la entidad se encuentra en la alta incidencia de víctimas de homicidio doloso, y el 54% de las 1,919 que corresponden a 2021, se concentran en Ciudad Juárez.
Para 2017 el estado acumuló 2,244 homicidios dolosos; durante todo 2018 fueron 2,012 y en 2019 la cifra fue de 2,585.
Estas cifras muestran que el estado de Chihuahua ocupó el quinto lugar nacional en cuanto a víctimas de homicidio doloso entre 2020 y 2021.
El diagnóstico también señala que la actual administración encuentra un déficit de recursos humanos, materiales y financieros en cuanto a impartición de justicia; también la posible infiltración y corrupción en su interior, en lo cual se trabaja en caso de presentarse.
Otros factores negativos son la desconfianza y poca participación ciudadana en la cultura de la denuncia y una deficiente coordinación interinstitucional.
En los últimos años, refiere el diagnóstico, la entidad ha tenido una disminución de recursos en fondos federales destinados para seguridad pública (46% menos con respecto a 2014).
El estudio agrega que el Sistema de Justicia Penal de la entidad encuentra áreas de oportunidad en cuanto a su articulación integral (Fiscalía-Poder Judicial estatal y federal), y que es necesario generar estrategias y acciones al respecto con el objeto de mejorar la eficacia en materia de procuración e impartición de justicia y reducir los índices de impunidad.
También se señala que la falta de control, supervisión y evaluación del trabajo al interior de la Fiscalía General del Estado, afecta la eficacia en materia de procuración de justicia y genera lejanía y desconfianza de la ciudadanía, por ello se trabaja en una reingeniería institucional como un proceso y ejercicio de planeación, con visión de largo plazo.
“Las dificultades técnicas y el complejo marco legal para combatir cuestiones de delincuencia organizada ha permitido la presencia de grupos delictivos en algunas de las regiones de la entidad, por lo anterior, actualmente se trabaja en el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y una mayor presencia de los tres órdenes de gobierno para la atención de delitos de forma focalizada”, puntualiza dicho reporte de la FGE.
