El abogado Mariano Cordero, quien representa a varios defraudados por la empresa Aras Investment Business Group, informó que a raíz de las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República, un grupo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) habría arribado al estado de Chihuahua.
Lo anterior con el objetivo de continuar con las investigaciones en contra de la empresa en cuestión, para determinar si la misma generó una especie de fraude en contra de cientos de ciudadanos en Chihuahua y en otros 17 estados de la República Mexicana, según declaró el propio abogado.
En días pasados, la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, dio a conocer que se había solicitado la intervención a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como a la propia UIF, para conocer el destino del dinero, antes de que se declaren en quiebra, “es una denuncia, es fraude y la corresponde a la Fiscalía General del Estado”.
Por su parte, el abogado, dijo que “nosotros presentamos hace como veinte días la denuncia ante autoridades federales aquí en la delegación de la FGR, vimos que se movieron, tenemos la noticia extraoficial que se trasladó una célula de la Unidad de Inteligencia Financiera el viernes aquí a Chihuahua para investigar”.
Mariano Cordero dijo que existe una USB con evidencias, desde que Aras comenzó a captar el ahorro como préstamo con intereses, después se ofertó como inversionista, después como dio el carácter de inversionista, como se publicitó, “estaban publicitando una función que no tenían permitido, ellos dicen que era una SAPI pero no lo es es al público, no tienen por qué publicitarlo”.
“Se generaron dos denuncias ante la FGR, por un delito federal, por un delito especial que tiene la ley de instituciones de crédito, ese delito se persigue de oficio, eso debió haber permitido que la UIF llegara desde antes, buscan a los socios, se giraron órdenes para cancelar cuentas de las personas que hayan tenido traslaciones de dominio, que hayan comprado casas, esas triangulaciones de dinero, congelaron las cuentas”, informó el abogado.
Declaró que al momento no existe un número de ventas de domicilios que se hicieron de parte de Aras, antes y durante que se generó la crisis financiera de la empresa, “son 17 estados donde hay inversiones o movimientos de Aras, en Estados Unidos, en junio el gobierno norteamericano, les declaró la quiebra”.
El abogado comentó que las peticiones de los afectados es seguir asegurando bienes de la empresa, que se inscriban los bienes asegurados, que se hable con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que intervenga formalmente la UIF a los negocios de Aras, que arraigue a los responsables y que se hagan las diligencias necesarias para ejercer la acción penal.
Agregó que se deben asegurar los bienes mediante una instrucción de un juez para que sean asegurados de forma oficial, y no sólo provisional, que es una de las peticiones que se les realizó a los titulares de la Fiscalía General del Estado.
“Sabemos que hay muchos bienes que ya no están, para que se termine de rastrear los activos, son bienes, valores, dinero que busquen para ver dónde están, seguro cuando reunamos todo será insuficiente para cubrir el 100% de la inversión, de su rendimientos, vencimientos es difícil, pero entramos en una dinámica, buscamos tres niveles de responsabilidad”, comentó.
En esos niveles de responsabilidad se encuentra en un primer nivel los inversionistas, a quienes después nombraron como accionistas, la segunda responsabilidad la tiene Aras, que fue la que incumplió y la más contundente es la responsabilidad que tiene el Estado Mexicano de vigilar la actuación, toda vez que fueron cinco años de operación y nadie se dio cuenta.
“Salió la Comisión Nacional Bancaria a decir que ya no capten dinero, es increíble que reportando impuestos Aras no hayan encontrado, porque sí es mucho el movimiento fiscal, era una empresa que acaba de iniciar y ya generaba muchos ingresos y nadie se daba cuenta”, señaló.
En el último corte que se ha tenido sobre las denuncias interpuestas en contra de Aras en el estado suman alrededor de 780, así como el aseguramiento de al menos 71 bienes inmuebles y el decomisó de un millón y medio de pesos que fueron encontrados en una de las oficinas.