.jpeg "ABOGADOS DE ARAS (6).jpeg")
La empresa Aras Investment Business Group tramitó hace una semana un amparo en contra de los aseguramientos que realizó la Fiscalía General del Estado de 71 bienes y propiedades de dicha empresa, toda vez que consideraron ilegal el aseguramiento, ya que a la fecha no han podido demostrar la comisión de un posible delito.
Así lo detalló el abogado que se encuentra representando a la empresa, Jorge Emilio Hernández Mata, quien informó que ante un juzgado de distrito se interpuso un amparo para solicitar que los bienes de la empresa Aras fueran devueltos por haber sido asegurados de forma ilegal por parte de la Fiscalía General del Estado.
Explicó que los amparos van en un sentido de que una persona moral no puede ser sujeta al derecho penal, “las consecuencias que pudiera traer la persona moral es que se le pueda estar supervisando, se pueda limitar en sus actividades, disolver, suspender sus actividades, pero nunca garantizar la reparación del daño”.
Es decir, que la defensa consideró que la persona moral pudiera tener otro tipo de consecuencias y no llevar a cabo la reparación de un daño por una comisión de algún delito, que fue el motivo por el cual la Fiscalía General del Estado decidió tomar los bienes inmuebles sin antes conocer si había o no algún delito que perseguir.
Aseguró que se encuentra esperando el momento oportuno para poder amparar a cada uno de los involucrados, como un derecho que tiene cualquier ciudadano, “en caso de salir alguna orden, llamamiento de juez, como cualquier ciudadano vamos a ampararnos, son de los derechos que tienen, estamos a la expectativa, porque Fiscalía no ha integrado carpetas de investigación”.
“Si hay aseguramiento de bienes, se promovió el amparo correspondiente, porque es indebido el aseguramiento que hizo la Fiscalía, entonces esperamos la respuesta por parte de las autoridades federales; estos amparos están ante un juzgado de distrito hace diez días”, detalló el abogado de la empresa.
El abogado de la empresa Aras dijo que los aseguramientos fueron para efecto de garantizar una posible reparación del daño, lo que consideró como algo inconstitucional e ilegal, por no haber finalizado la investigación y por lo cual sólo les queda esperar la resolución de un juez federal para que puedan regresar estos bienes.
A pesar de haber casi 900 denuncias en contra de la empresa en cuestión, el abogado Jorge Emilio Hernández comentó que no se le ha notificado de todas y que sólo le han notificado de una, y que por esa denuncia fue que decidieron asegurar los bienes, sin importar si hubiera o no delito de por medio.
“Aún no tenemos demandas civiles, en las penales nos notificaron una, porque antes de que nos notifiquen, el agente del ministerio público debe determinar la existencia de un delito, y la probable comisión de una persona, pero aún están en eso, por eso decimos ¿cómo nos están asegurando bienes si aún no han analizado si existe un delito o no?”, abundó.
El abogado externo de la empresa Aras Investment Business Group dijo que en el estricto lado jurídico del caso, no se han llevado bien las cosas, toda vez que se han enfocado o “cargado” más al tema social o político, pero que el verdadero trabajo de un agente del ministerio público debe ser estrictamente jurídico analizando todo el caso desde esa materia.
“Tendrán que analizar si existe un delito y en contra de quien, para que nos puedan notificar, es por eso que motivamos el juicio de amparo, todo lleva la misma suerte, hay documentos y dinero con el cual se opera y nos están impidiendo todo con estas arbitrariedades”, señaló Jorge Emilio Hernández.
Agregó que en la parte legal, que es lo que le corresponde, es buscar la resolución de los amparos, que el Ministerio Público determine la posibilidad de la existencia de un delito, y en ese momento es cuando iniciaría el trabajo en el lado penal, para plantear la defensa de sus clientes que podrían o no estar involucrados.
Por parte de la vía civil o mercantil, indicó que cuando les notifiquen de la primera demanda, darán contestación oportuna, pero que hasta el día de ayer no tenían ni una sola notificación al respecto.
En el tema de los cambios o ventas de domicilios que se realizaron previo o durante la crisis que se vivió al interior de la empresa Aras, dijo que no se hicieron cambios como tal, sino que eran operaciones que estaban programadas para esas fechas y concedieron, porque fueron pocas las propiedades en las que se hizo la traslación de dominio.
“Si hubiera sido esto para evitar algo, se hubiera hecho de todas las propiedades, no fue con un afán de solventarse o que no se embargaran, sino que eran operaciones que ya estaban programadas; en cuanto Fiscalía asegura, tenemos que acatar el aseguramiento y no disponer de esos bienes”, señaló.
Por último, comentó que la empresa dio un plazo de seis meses para pagar a las personas que se sienten inconformes con la empresa, como lo detalló el CEO de Aras, por lo cual se puso a trabajar la mina en tres turnos para poder obtener ingresos y salir de la crisis financiera que se dio a inicios de noviembre.
