Más de 2 mil 700 denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), 430 demandas en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), así como mil 500 expedientes capturados que se integrarán a la demanda colectiva, acumula la empresa Aras Investment Business Group, sin ninguna carpeta de investigación judicializada a la fecha.
Todo iba bien para el corporativo que invitaba a invertir en activos como una mina en Ascensión, hasta que entre los meses de agosto y septiembre de 2021, surgieron quejas por el retraso en el pago de rendimientos, uno a uno los inversionistas fueron señalando que a las prórrogas sobrevino la falta de explicaciones del personal ejecutivo para entregarles su dinero.
Ante la serie de reclamos, el 27 de septiembre, Armando Gutiérrez Rosas, presidente del Consejo de Administración de Aras dio declaraciones para señalar a los clientes que eran juicios infundados, sus inversiones estaban seguras y la compañía tenía reservas sólidas.
Para evidenciar la supuesta solidez financiera, Gutiérrez detalló que se contaba con propiedades tangibles en todo el país; además de que en el Registro Público de la Propiedad podía constatarse que el dinero colocado se estaba invirtiendo y que también se invitaba a visitar los complejos turísticos, así como la mina La Morita en el municipio de Ascensión, que es de su propiedad.
El empresario recordó que Aras se había constituido en 2015 con un par de clientes y en 2017, incursionó en el mercado de bienes raíces, por lo que como plataforma de inversiones arrancó en 2018 con atractivos rendimientos.
No obstante, el 17 de noviembre pasado, mediante comunicado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ordenó a la sociedad Aras, la suspensión de actividades reservadas.
“ARAS INVESTMENT BUSINESS GROUP, S.A.P.I. DE C.V., que se identifica públicamente como ARAS, NO es una entidad financiera, NO es una sociedad autorizada por la CNBV para captar recursos del público, NO está sujeta a supervisión de la Comisión, por lo tanto, NO forma parte del sistema financiero en México”, estableció la entidad regulatoria.
Ante esto, Jorge Emilio Hernández Mata, abogado externo de Aras Business Group, declaró en entrevista para El Heraldo de Chihuahua, en noviembre pasado, que acatarían la orden emitida por la CNBV y pedían tiempo a los inversionistas para “pausar” sus contratos por seis meses, ofreciendo un contrato de garantía con las utilidades de la mina La Morita.
Sin embargo, las autoridades estatales de minería notificaron que esa mina últimamente no había presentado actividad, a lo que Hernández Mata manifestó que precisamente por ello se daba un plazo de seis meses para que volviera a trabajar.
En noviembre comenzó la fase de interponer denuncias tanto por la vía civil y mercantil, como por demandas colectivas e individuales. Hasta el último corte, se acumula un total de 431 demandas en contra de Aras y filiales, incluso se creó una ventanilla exclusiva para recepción de documentos contra esa empresa en la Ciudad Judicial.
En lo que respecta a la Fiscalía General del Estado (FGE), se tiene el registro de 2 mil 745 querellas hasta el 30 de diciembre, pero ninguna carpeta judicializada. No obstante, la autoridad aseguró 79 bienes inmuebles, 10 vehículos y millón y medio de pesos al corporativo, que comenzaba a vender algunos bienes, tramitó un amparo para recuperarlos pero le fue negado, por lo que no puede disponer de éstos hasta que no se aclare la situación jurídica de la empresa.
Lagunas legales atan de manos a Fiscalías
Ante la complejidad de demostrar el delito de fraude, el fiscal de Distrito Zona Centro, Carlos Mario Jiménez ha puntualizado que en el caso de Aras Investment Business Group se reducen los elementos para iniciar un proceso penal y más bien, tendría que tratarse como un incumplimiento de contrato y resolverse por la vía civil, que además apela directamente a la reparación del daño.
El Código Penal del Estado de Chihuahua en su artículo 98 exime a los presuntos delincuentes, en algunos delitos como el fraude, a que de común acuerdo con el afectado se pueda ser perdonado y quedar en libertad, a pesar del riesgo de que vuelva a cometerlo, como en el 90% de los casos que se han registrado en el estado, según revelan las estadísticas de la FGE.
No obstante, es tan amplia la cantidad de afectados que se recurrió a la figura de demanda colectiva, lo cual ha encabezado la diputada local María Antonieta Pérez Reyes, quien expuso que al último reporte sumaba mil 500 expedientes y la recomendación es que también lo interpongan en Fiscalía.
Durante los primeros días de diciembre, se dio a conocer que la Junta de Conciliación y Arbitraje en Chihuahua, no logró emplazar a Armando Gutiérrez Rosas por las demandas que existen en su contra, ya que en abril vendió sus acciones, según notificó una actuaría de dicha junta.
Durante los últimos días de diciembre, ante la desesperación de los inversionistas y la exigencia de darle agilidad al caso, decenas se manifestaron afuera del Congreso del Estado y del Palacio de Gobierno para pedir celeridad al tema, pues para muchos representa perder todo lo que tenían.
Autoridades de la Fiscalía General del Estado, de Gobierno del Estado y del Congreso acordaron reunirse con los denunciantes, de manera semanal, a partir del próximo lunes 3 de enero de 2022. Asimismo, la gobernadora María Eugenia Campos destacó que se cambiará la estrategia legal para judicializar los casos y no quede impune.
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