Chihuahua, Chih.- La Sección Instructora y el Pleno de la Cámara de Diputados, negó la declaración de procedencia en contra del Senador de la República, Cruz Pérez Cuéllar, por la investigación que mantiene ante la Fiscalía General del Estado, por presuntamente haber recibido por lo menos 2 millones 500 mil pesos de la “nómina secreta” del ex gobernador César Horacio D.J.
Durante la tarde noche del día 28 de abril, sesionó la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, donde declararon que “no ha lugar a proceder en contra del Senador de la República” en función de que de las constancias que obran en el expediente no se encontraron medios de convicción suficientes para acreditar su probable responsabilidad en los delitos de que se le acusa.
En el análisis se aprobó el dictamen correspondiente al procedimiento de declaración de procedencia en el expediente SI/LXIV/01/2020, solicitado por la Fiscalía General de Estado de Chihuahua en contra de un Senador de la República, la cual fue turnada a votación al pleno de la cámara, donde también fue rechazada por la mayoría de los diputados.
En los documentos para la declaración de procedencia, son informes de que el Senador, presuntamente recibió del 2013 al 2014, pagos por 2 millones 500 mil pesos, “se sostiene que los recursos públicos derivaron de una distracción de recursos destinados a fines públicos, orquestada por el entonces gobernador, mismo que instruyó a funcionarios de la secretaría para que reiteraran periódicamente recursos de cuatro cuentas bancarias de la misma dependencia”, refiere el documento.
De acuerdo a la información que obra en el expediente, la fiscalía informó a la Sección Instructora que los pagos fueron con motivo de una alianza que mantenían, a fin de brindarle apoyo en carácter de actor político dada su trayectoria en el PAN, de tal manera que influyera en el partido con el objetivo de beneficiar políticamente al ex gobernador.
La Cámara de Diputados, consideró que hay una falta de auditorías en donde se establezca fehacientemente el destino de los recursos públicos o que permitan su fiscalización mediante las facultades de comprobación y poder ser solventados o no, en este último, de no poder ser solventadas con los pliegos de observaciones y pliego definitivo de responsabilidades proceder a la denuncia correspondiente.
Entre la evidencia que refirieron los testigos en la carpeta de investigación, es que para el año 2014, se le hizo entrega de una cantidad de 100 mil pesos, que instruyó y autorizó el exgobernador para mantener esta alianza con para ese entonces ya se habían llevado a cabo las elecciones internas del comité directivo del PAN, se les entregó en agosto, porque fue en el mismo mes, que se casó con la hija de un ex funcionario de Transporte Público y posteriormente Director de Vialidad.
“Finalmente renuncia al PAN en el 2015 y a principios de año acuden a mi despacho su hermano a indicarme que habían hablado con el ex gobernador y que les había autorizado un apoyo por medio millón de pesos, si se le apoyara porque no tenían ingresos económicos y esto le servía para seguir manteniendo esa buena alianza con y poderlo aprovechar a futuro, posteriormente a finales del 2015, es nominado por el partido político Movimiento Ciudadano como candidato a la gubernatura del Estado para las elecciones del 2016”, refirió el testigo como parte de una de las entregas de dinero.
Desde el pasado 4 de diciembre del 2020, el Fiscal General del Estado, César Augusto Peniche, presentó la solicitud ante la Cámara de Diputados, para iniciar el proceso de desafuero, por posibles hechos relacionados con “encubrimiento por receptación” previsto en el artículo 239 del Código Penal del Estado y por la “promoción de conductas ilícitas” integrado en el artículo 274 del mismo código.
Posteriormente para el día 27 de febrero, la Sección Instructora emitió un acuerdo para ofrecer tiempo y forma de las pruebas al Senador y tienen acceso al expediente, así como se solicitó copias certificadas para continuar con este proceso, mismo que fue notificado al día 2 de marzo a través de correo electrónico.
El día 12 de marzo, la Sección Instructora emitió un acuerdo en el que se presenta en tiempo y forma las pruebas de su intención y para el día 15 de abril, se emitió el acuerdo relativo a la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas en tiempo y forma por las partes.
Para el día 27 de abril, se entregaron los alegatos por escrito del Fiscal General, mismo que fueron estudiados y valorados por la Sección Instructora, quienes el 28 de abril, decidieron que no había suficiente evidencia para que el Senador de la República, fuera desaforado por este proceso penal que mantiene en su contra.
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