La Secretaría de Educación manda una alerta ante servicios que se anuncian en las redes sociales de emisión de certificados de primaria, secundaria y preparatoria, señaló la vocería de la dependencia que tanto el vendedor como la persona que utiliza este documento apócrifo cae en el delito de falsificación de documentos que los puede llevar a la cárcel.
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Ante la publicación de venta de certificados escolares en las redes sociales, donde invitan a las personas a obtener sus certificados de primaria, secundaria y preparatoria sólo con un pago, la Secretaría de Educación Cultura y Deporte a través de su vocera, Eva Trujillo, exhortó a no caer en este tipo de fraudes.
La publicación expuesta en grupos de Facebook menciona al ofrecer estos documentos que estos se encuentran avalados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y sin la necesidad de hacer ningún examen presencial, cursos escolarizados ni trámites burocráticos, así también anuncian que solo responden las llamadas o por el WhatsApp.
Eva Trujillo, mandó una alerta y previene a los ciudadanos que no caigan en las manos de estos estafadores, ya que indica la dependencia que se trata de un fraude en donde se pide dinero por los documentos apócrifos y no tiene ninguna validez oficial.
Además, señaló que la emisión de estos certificados está dentro del delito de falsificación de documentos, donde la fiscalía interviene mediante una investigación para poder procesar a los vendedores y a los compradores que puedan utilizar estos documentos y existen sanciones e incluso cárcel para las partes involucradas.
Así también, refirió la funcionaria que incluso le puede salir más caro al ciudadano ya que los delincuentes dejan toda la responsabilidad al comprador. Además indicó la Secretaría que hay instancias de gobierno para la obtención de certificados legales, como lo es el ICHEA, donde la gente puede hacerse de estos documentos con la realización de exámenes y cursos.
Según como lo expone el Código Penal del estado de Chihuahua en el Artículo 330, a quien para obtener un beneficio o causar un daño, falsifique o altere un documento público o privado, se le impondrán de tres a seis años de prisión y de cien a mil días multa, tratándose de documentos públicos y de seis meses a tres años de prisión y de cincuenta a quinientos días multa, tratándose de documentos privados.
Asimismo, las mismas penas se impondrán a quien haga uso de un documento falso o alterado o haga uso indebido de un documento verdadero, expedido a favor de otro, como si hubiere sido expedido a su nombre, o aproveche indebidamente una firma o rúbrica en blanco.