Juan Carlos Guzmán Rosas, titular del Juzgado Quinto de Distrito en materia Administrativa, aplazó para la próxima semana la decisión de si es procedente o no la solicitud de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para dejar sin efecto la suspensión definitiva que le concedió al colectivo #NoMasDerroches contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.
En la audiencia incidental, se presentaron abogados del colectivo #NoMasDerroches, del municipio de Tecámac, estado de México y de la Secretaria de la Defensa Nacional, y fueron esos últimos los que se reservaron el derecho a declarar.
El juez escuchó los argumentos del colectivo, que asegura que no debe autorizarse la construcción de un aeropuerto internacional que no cuenta con los permisos y estudios suficientes en materia de seguridad aérea, viabilidad aeronáutica, financiera, cultural y ambiental.
La defensa legal del colectivo refiere que no hay evidencia alguna de que la suspensión de Santa Lucía entorpezca las actividades militares en la Base Aérea ni mucho menos la aplicación del Plan DN-III-E.
Por ello, de acuerdo a Gerardo Carrazco, vocero del colectivo, la revocación de la suspensión definitiva de los amparos lesionaría gravemente el derecho a un medio ambiente sano, la integridad y estabilidad de las personas que viven en las zonas aledañas a Santa Lucía, la vida y seguridad de los usuarios de las instalaciones aeroportuarias y cientos de miles de millones de pesos del erario.
“Presentamos los alegatos y las inconsistencias en las que está cayendo el gobierno federal y el juez nos escuchó pero decidió que será hasta la próxima semana cuando de el falló” dijo Carrazco en entrevista.
La diligencia que se extendió por espacio de 30 minutos, Gerardo Carrasco Chávez, director jurídico de Mexicanos contra la Corrupción, pidió al juez Guzmán Rosas no tomar su decisión con base en un oficio ficticio que le mandó el gobierno federal.
Insistió en que no debe autorizarse la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, pues no cuenta con los permisos y estudios suficientes en materia de seguridad aérea, viabilidad aeronáutica, financiera, cultural y ambiental, además de que no hay evidencia alguna de que la suspensión entorpezca las actividades militares.
Carrasco Chávez enfatizó que si el juzgador resuelve revocar la suspensión, impugnarán el fallo ante un Tribunal Colegiado y destacó que el asunto puede llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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