Una bolera, una beneficiaria de programas de la tercera edad de Jalisco, un par de jóvenes jaliscienses con una filial en República Dominicana y a un abogado con clientes del sector maquilador de Estados Unidos, Canadá y Estados están dentro de los 43 factureros señalados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de lavar más de 55 mil 125 millones de pesos por venta de servicios inexistentes.
“Se crearon desde 2010 las empresas factureras”, dijo Carlos Romero Aranda, procurador Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Las empresas eran constituidas por testaferros, prestanombres, así como por personas que por una pequeña cantidad de dinero o personas de escasos recursos recibían dinero a cambio de ser prestanombres, representarlas legalmente, de firmar y dar la cara.
Lo domicilios fiscales de las 43 empresas señaladas por el SAT eran terrenos baldíos, covachas y en zonas populares donde no había una materialidad propiamente, agregó el abogado. “No había actividad económica en la cual pudieran llevarse a cabo las operaciones que mencionaban los comprobantes fiscales o el objeto social que mencionaban las actas constitutivas de las empresas”, dijo.
Había quién vendía estas facturas con objeto de evitar el pago de impuestos, pero así como había quién vendía estas facturas había un mercado, que es precisamente el que compraba las facturas, comentó Romero Aranda.
El funcionario dijo que se hizo común un pacto criminal o por desconocimiento de los empresarios llegaba el contador o una persona tercera y decían: “¿No quieres pagar impuestos?, no hay problema, mira aquí vamos a tener un comprobante que con esto no vas a pagar impuestos”.
Durante la conferencia mañanera de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que éste es un primer paquete de denuncias contra las factureras, pero enviarán un exhorto a ocho mil contribuyentes para decirles dónde tienen que ir para regularizarse. Subrayó que en caso de que no se regularicen se procederá de manera legal, ya que “no podemos ser cómplices o encubrir a nadie”.
El Sol de México hizo una revisión de las 43 empresas señaladas por Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria, como empresas factureras que dejaron un daño a las arcas públicas de 55 mil 125 millones de pesos.
María del Rosario Mota Zamarrón, una mujer de unos 70 años, es socia de Cob Esollor, quien ayudaba a aumentar falsamente los gastos de las empresas para disminuir el pago de sus contribuciones.
Mota Zamarrón, junto con su socia Yesenia Pérez Fernández, constituyeron su empresa en Zapopan, Jalisco, para prestar servicios de administración, promoción, consulta de asesoramiento, coordinación, realización y ejecución de negocios.
La empresa de la mujer nacida en Vetagrande, Zacatecas, fue creada un 27 de junio de 2016, luego de que pusieran más de 50 mil pesos de capital social para arrancar ese negocio. Por esas mismas fechas, el DIF de Tlaquepaque la suscribió al padrón de beneficiario de la tercera edad.
Otro caso es Rafaela Juárez Silva, quien representa a un grupo de boleadores en Guadalajara, al crear con un capital social de 50 mil pesos la empresa Hanoid.
Hanoid ofrece servicios de gestión y explotación de toda clase de actividades comerciales, industriales, la promoción, montaje, gestión, explotación, administración de hoteles, restaurantes, cafeterías y otros establecimientos similares como salas de eventos, espectáculos o fiestas.
Juárez Silva, junto con su socio Cruz Antonio Reyes Vázquez, también ofrecen servicios de hoteles, moteles, albergues, excursiones, campamentos y paradores de casas rodantes y la compraventa de boletos de avión, autobús, trenes, ferrocarriles, arrendamiento de autos, barcos o cruceros.
Las jóvenes jaliscienses Getsemaní Alejandra Gonzalez Gambo y Sahira Leticia Guerrero Jaime Crearon Sacta Line el 25 de junio de 2016 para ofrecer cursos laborales, reclutamiento, evaluación, selección, contratación y subcontratación de recursos humanos y personal ejecutivo, profesional, administrativo, así como de almacén, vigilancia, mantenimiento y limpieza. Las dueñas en el papel avalaron junto con otros socios abrir una filial de la empresa dedicada a la subcontratación de personal en Punta Cana, República Dominicana.
El abogado René Caheux Aguilar, quien ofrece asesorías de la industria maquiladora de México, Estados Unidos y Canadá, está detrás de TRW Occupant Restraints de Chihuahua, otra de las compañías acusadas por el SAT de encubrir pagos de actividades ilegales.
A través de un estudio en el que el SAT analizó 22 millones de facturas, fue posible identificar 43 empresas que venden facturas de operaciones simuladas; la forma de operar consiste en que una empresa, que es la facturera, expide una factura por un bien o servicio inexistente y solicita una comisión por ello. Asimismo, se determinó que hay ocho mil 212 personas, entre físicas y morales involucradas en este tipo de transacciones.
El monto de las operaciones llevadas a cabo a través de estas facturas ascendió a 93 mil millones de pesos que, de haber pagado IVA e ISR, hubieran representado 11 mil 396 millones de pesos y 24 mil 500 millones de pesos respectivamente.
Aunado a ello, muchas de estas empresas aparentemente contratan personas que venden servicios de honorarios o personal, les pagan y retienen el ISR; sin embargo, no hacen el pago de dicho impuesto al SAT, lo que suma 19 mil millones de pesos. En total, dejaron de recaudarse 55 mil 125 millones de pesos como consecuencia de todas estas operaciones simuladas.
Ayer, la Procuraduría Fiscal presentó siete querellas contra los grupos principales de factureras por la comisión del delito de defraudación fiscal. En el caso de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada, se pueden imponer sanciones de hasta nueve años de prisión. Las querellas presentadas corresponden al ejercicio fiscal 2017, por 55 mil 125 millones de pesos.
Con información de Carlos Lara | El Sol de México
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