México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial y el segundo en la región de Latinoamérica en muertes por siniestros viales. Se carece entonces de políticas de Estado, tecnologías e infraestructura, para un hecho tan común de conducir un auto correctamente. Se estima que diariamente fallecen 40 personas, la mitad son jóvenes de entre 15 y 29 años, (la media de los homicidios violentos y del crimen organizado) lo que representa más de 17 mil decesos al año. Por la tasa porcentual si el estado de Chihuahua fuese país, seríamos el segundo lugar en Latinoamérica, por citar a Inegi, el año 2023 se registraron un total de 26 mil accidentes viales con 292 víctimas mortales para una entidad de 3.8 millones de habitantes.
En 2023, primer lugar Ciudad Juárez con 86 defunciones por accidentes viales, le sigue Chihuahua capital con 76, luego Puebla con 73, Zapopan con 67 y la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México con 59.
El dato duro y reflexivo, la Ciudad de Chihuahua tiene en número bruto no en tasa un número mayor de accidentes viales que la Ciudad de México, con un parque vehicular 10 veces menor que la capital de la república. Lo más lamentable cuando solamente el 27% de los automovilistas chihuahuenses cuentan con seguro contra accidentes.
La gravedad en este país es la expedición -fast track- de licencias por el ánimo de las instancias recaudatorias sin que los solicitantes cumplan una preparación adecuada, ni el conocimiento de los reglamentos de rigor educación vial integral, ni mucho menos el adiestramiento en primeros auxilios. Peor aún a menores de 15 años. Estos cuatro requisitos básicos forman parte fundamental en cualquier país desarrollado. Lamentablemente las consecuencias son desde el daño o pérdida patrimonial, las lesiones o la muerte. Que en conjunto trae como resultado crisis familiar sobre todo cuando el lesionado o fallecido es el sostén de la familia.
Un contexto de puntual relevancia es la relación que guardan autoridad y conductor en un país como el nuestro; acuerdo a Transparencia Internacional, el mayor “evento” de corrupción se da entre el agente vial y el conductor, por la evasión de sanciones al reglamento vial (soborno) se ha estimado en base a estudios científicos de victimización, que por lo general es el conductor vial que comete una falta y por lo tanto tratará a toda costa de resolver este inconveniente. La primera reacción es mintiendo su conducta, para lo cual el agente vial tiene la percepción de querer llegar a un arreglo económico. Un riguroso y extenso estudio exploratorio de la Dra. Esther Fernández Molina, del Instituto de Ciencias Sociales de la UNAM, indica que la ausencia desde la infancia de una educación sobre hábitos y cultura de la legalidad en México, la desigualdad social y económica hace que el ciudadano tenga un comportamiento erróneo al igual que el servidor público con malos salarios.
En realidad, la problemática de orden vial no se agota en una dependencia; son diversas instituciones y organismos públicos y privados quienes deben de estar involucrados como órganos colegiados. Por supuesto que no despreciamos el esfuerzo de los órganos de consulta ciudadana pero sus alcances son limitados. Para los 67 municipios de la entidad la expedición de licencias es el punto de partida de todo orden vial, sería conveniente que las propias autoridades viales de todos los municipios realizarán un acucioso estudio sobre movilidad y seguridad vial, para que pudiéramos entender realmente las enormes deficiencias de los conductores en su manejo cotidiano. La revocación temporal de licencias de conducir por ineficiencia se observa en los países desarrollados, pues al conducir un vehículo se presume que se tiene la capacidad necesaria. Localmente el 7% de los conductores son proactivos a la violencia vial y un 60% de los conductores observan un sin número de faltas que están expuestos a infinidad de accidentes viales. Las cifras hablan por sí mismas, los muertos guardan silencio.
Licenciado en Derecho. Activista social.
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