En un contexto de creciente tensión social y política y retomando el tema de hace unas semanas; miles de trabajadores del sector judicial en México han decidido suspender sus labores de manera indefinida, en señal de protesta contra una reforma que se discute actualmente en el Congreso. Esta medida, según los manifestantes, amenaza con desmantelar sus derechos laborales y la integridad del sistema judicial, ya que propone, entre otros cambios, la elección de jueces mediante voto popular y la eliminación de la carrera judicial.
La reforma judicial en cuestión busca introducir la elección popular de jueces, un cambio significativo respecto al modelo actual, donde los jueces son seleccionados mediante un sistema basado en méritos y experiencia profesional. Los defensores de esta medida, incluyendo al presidente Andrés Manuel López Obrador, argumentan que democratizará el sistema judicial, haciéndolo más accesible y alineado con la voluntad popular.
Sin embargo, es de suma importancia dejar en claro que esta reforma, lejos de buscar mejorar la resolución en pro de la justicia o mejorar el sistema judicial, podría politizar peligrosamente el sistema judicial, erosionando su independencia. La posibilidad de que los jueces sean elegidos en función de su popularidad, y no de su competencia y conocimiento de la ley, podría llevar a un sistema menos justo y más susceptible a influencias externas.
Otro punto clave de la reforma es la eliminación de la carrera judicial, un sistema que ha garantizado la estabilidad y el desarrollo profesional de jueces y otros trabajadores del sector judicial. Este cambio podría afectar la seguridad laboral de miles de empleados, quienes ven en la carrera judicial un camino hacia la profesionalización y la protección de sus derechos laborales.
Los trabajadores que han suspendido labores señalan que el fin de la carrera judicial abre la puerta a un sistema menos regulado, donde las decisiones podrían estar más sujetas a criterios políticos o personales, en lugar de basarse en la experiencia y los méritos.
La suspensión de labores a nivel nacional representa un desafío significativo para el sistema de justicia en México. Al limitarse la atención solo a los casos de suma importancia, muchos otros procesos judiciales podrían quedar en espera, generando un efecto dominó que afectaría tanto a los ciudadanos como a las instituciones.
El paro también refleja una profunda división entre el gobierno y los trabajadores del sector judicial. Mientras que los manifestantes ven en la reforma una amenaza a sus derechos y al sistema judicial en su conjunto, el presidente López Obrador sostiene que la medida podría beneficiar al país al hacer el sistema judicial más transparente y democrático.
El presidente López Obrador ha minimizado las preocupaciones de los trabajadores, argumentando que la reforma fortalecerá la democracia y permitirá una mayor participación ciudadana en la selección de jueces. Desde su perspectiva, la medida es un paso necesario para combatir la corrupción y asegurar que el sistema judicial refleje mejor la voluntad del pueblo.
El desenlace de este conflicto será crucial no solo para el futuro del sistema judicial en México, sino también para la estabilidad social y política del país. Mi apoyo incondicional a los jueces y magistrados de nuestro sistema Judicial, que aunque no es perfecto, es una de las principales organizaciones independientes y herramientas más fuertes de nuestra democracia como país.
