Ya lo hemos repetido hasta el cansancio, las empresas privadas tanto nacionales como extranjeras necesitan para tomar la decisión de invertir y operar eficientemente, electricidad, agua, infraestructura carretera, aeronáutica, ferroviaria y portuaria, además de la mano de obra calificada, necesitan seguridad física y sobre todo la seguridad jurídica que proteja sus inversiones y que les de la posibilidad de defender sus intereses de una manera consistente y civilizada fuera de toda corrupción.
Lo anterior adquiere una gran relevancia debido a que al actual gobierno le heredaron la decadencia económica, el país creció 0.8 por ciento como promedio anual durante el sexenio pasado, una cifra que no se había repetido desde hace más de 40 años con Miguel de La Madrid que tuvo que pagar los platos rotos de Echeverría y López Portillo. También recibió la destrucción institucional y el triunfo electoral obtenido al más puro estilo del antiguo PRI.
También se recibe la división que la anterior presidencia logró en el pueblo de México, en bueno y malo, en fifís y pobres, en conservadores y progresistas y la más tajante posible: obradoristas y anti obradoristas. Se abrió un abismo incluso entre familiares y amigos. Esto afecta de una manera drástica la armonía social, que está comprobado, afecta el desarrollo económico de un país, de una región, de una ciudad. Un efecto parecido provoca los altos niveles de violencia que se han estado dando en el país. Otra de las herencias.
Aún así, la presidenta está obstinada en mantener a PEMEX y la CFE, asumiendo sus pasivos, lo que afectará nuestra calificación crediticia, que hoy por hoy se encuentran en las calificaciones más bajas, a un paso de convertir nuestra deuda en “Bonos basura”. Además de tener que terminar las obras faraónicas del sexenio anterior que además de costosas e inútiles, solo 50 mil millones de dólares (1 billón de pesos).
Todo lo anterior tiene sentido cuando consideramos la situación social y sobre todo económica del actual gobierno: No tiene dinero. Deben cubrir la reducción del déficit de 6 por ciento el más alto en 35 años (821,000 millones de pesos) a 3 por ciento, sin embargo en la opinión de especialistas el déficit se mantendrá arriba del 5 por ciento del PIB, ya que las obras de infraestructura del gobierno están inconclusas y seguirán representando un gasto público. El gasto continuará hasta 2026 y de los grandes proyectos de esta administración no hay ninguno que esté al 100 por ciento terminado. Además del presupuesto público el 14 por ciento irá al costo de la deuda, que es de 50 por ciento del PIB, la más alta en 36 años.
Por lo expuesto, la salida rápida para el gobierno es el apoyarse en la iniciativa nacional y extranjera eliminando los monopolios públicos. Además se debe prestar especial atención a la renegociación del T-MEC, si es que la hay. Es probable que al menos cinco aspectos del paquete de 18 reformas y dos iniciativas legislativas violen el T-MEC. Embajadora de EU en México: “Esto es realmente preocupante para el futuro.”
