Ciertamente el tema de la Reforma al Poder Judicial podría despertar muchas interrogantes sobre cómo sería la elección popular de jueces, ministros y magistrados, así como la integración y funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Reforma al Consejo de la Judicatura; sin embargo, existe la certeza de que un porcentaje alto de la población considera necesaria, sino que urgente, una reforma para despojar la corrupción de este órgano guardián encargado de impartir la justicia federal en nuestro país.
En la próxima Legislatura impulsaremos desde el Senado un sistema judicial mexicano que asegure la autonomía, independencia y especialidad técnica de los órganos jurisdiccionales, la participación ciudadana en la designación de las personas titulares de éstos y la administración de la justicia de manera pronta y expedita.
¿Pero cómo nos beneficiará esta Reforma?
Fortalecerá un Estado democrático con la participación ciudadana y la supervisión del desempeño de las autoridades judiciales de tal manera que se sume en el combate a la corrupción, la impunidad, el nepotismo y la negligencia dentro de los procesos de administración e impartición de justicia. Así también;
Asegura una adecuada profesionalización, capacitación, formación y desempeño del personal del Poder Judicial, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de los tribunales y prestación de servicios en favor de la ciudadanía.
Garantiza una administración de recursos bajo los criterios de austeridad, de manera que no puedan ser destinados a fideicomisos o fondos que tengan como objetivo financiar los privilegios o exorbitantes prestaciones.
Involucra a las y los mexicanos en las decisiones fundamentales de los Poderes de la Unión.
Propicia una pronta resolución de controversias.
Da legitimidad democrática de las y los impartidores de justicia.
Crea órganos independientes para vigilar el desempeño judicial.
Extingue el Consejo de la Judicatura Federal y crea un Órgano Administrativo Especializado y un Tribunal de Disciplina Judicial.
El Tribunal de Disciplina Judicial será el ente encargado de investigar, supervisar y remover a las y los magistrados de circuito, así como a las y los jueces de distrito. Las sanciones podrán llegar hasta la inhabilitación, con excepción de las y los ministros de la SCJN; contará con independencia técnica, de gestión para emitir sus resoluciones, estará integrado por cinco miembros electos los la ciudadanía a nivel nacional y sus determinaciones serán inatacables. El Poder Ejecutivo postulará de manera paritaria hasta 10 aspirantes, al Legislativo cinco personas por cámara; y el Poder Judicial hasta 10 personas. Las y los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial podrán ser sujetos a juicio político.
El Órgano de Administración Judicial asumirá la función referente a determinar el número y división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones, y competencia económica de los Tribunales Colegiados de Apelación y de los juzgados de Distrito. También tendrá a su cargo el ingreso, formación, promoción, y evaluación del desempeño del personal judicial (Escuela Federal de Formación Judicial), así como la fiscalización de los recursos humanos, materiales y financieros. El Instituto Federal de Defensoría Pública estará a cargo del órgano de administración judicial. El órgano de Administración Judicial estará integrado por cinco personas designadas por un período de 6 años por los Poderes de la Unión: el Poder Ejecutivo nombrará uno; el Senado nombrará uno; y la SCJN nombrará tres.
En resumen, la Reforma al Poder Judicial viene a ser el pago pendiente de una deuda que el Gobierno tiene con mexicanas y mexicanos que por años han vivido con la desconfianza en el órgano que debería ser el guardián de la justicia en México.
