El derecho a la competencia es condición necesaria en una economía de mercado. En su acepción más básica, este concepto apunta a garantizar que las empresas que compiten en el mercado puedan hacerlo bajo condiciones de certeza jurídica, lo que, a su vez, fomenta una oferta de mayor calidad de bienes y servicios. Así, la libertad de los individuos -para elegir qué consumir- es el bien jurídico a proteger en un Estado que garantiza el derecho a la competencia.
Sin embargo, la competencia por sí sola es insuficiente para evitar monopolios o prácticas que puedan perjudicar a los competidores, pero también a las personas consumidoras. Respecto a esto último, podemos pensar en la publicidad engañosa en torno a un producto, incluso medicamentos, que es difundida con total impunidad en medios de comunicación masiva o en redes sociales, lo que representa un atentado contra los derechos de las personas.
Sirvan estas líneas introductorias para hablar de la competencia justa, la cual tiene como objetivo proteger, en igual medida, el interés privado de los empresarios, el interés colectivo de los consumidores y el interés público del Estado. ¿Cuál es la situación actual en México en términos de competencia justa?
Lo que tenemos en términos normativos es una Ley Federal de Competencia Económica que se enfoca principalmente en promover la eficiencia en los mercados, además que se centra en grandes empresas que ejercen poderes dominantes.
Sin embargo, la dinámica en los mercados se ha visto transformada por las nuevas tecnologías que están cambiando desde la forma de concebir, diseñar y fabricar los productos y proveer los servicios, hasta la manera en que se publicitan, se distribuyen, se venden y se cobran los mismos. Estos cambios en el consumo y en la dinámica de competencia en México y en el mundo entero, hacen necesario revisar nuestro marco jurídico y actualizarlo ante las nuevas realidades que enfrentan las empresas que compiten y el público consumidor.
Un ejemplo de ello es lo dispuesto en el artículo 6º del Código de Comercio que prohíbe la competencia desleal. Basta su lectura para darnos cuenta de que su redacción dificulta la aplicación de acciones civiles relacionadas con la competencia justa, al exigir una resolución administrativa previa para poder ejercer estas acciones civiles.
Y así, un análisis exhaustivo del Código y de otras disposiciones como la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, nos permiten concluir que es necesario contar con una ley específica que regule la competencia justa en nuestro país, lo que complementaría de manera eficaz el régimen previsto en la legislación aplicable.
Los avances en otros países respecto a la adaptación de sus leyes ante el apresurado crecimiento del comercio digital, representa otro indicador de nuestro rezagado marco legal en materia de competencia justa. En particular, destaca la actualización normativa de la Unión Europea para atender las prácticas comerciales desleales y la publicidad engañosa, la cual bien puede ser un referente para renovar nuestras leyes.
Una Ley Federal de Competencia Justa que aborde de manera integral y efectiva las diversas formas de prácticas desleales que puedan surgir en el ámbito comercial, sin estar limitada únicamente a aquellos casos que afecten los derechos de propiedad industrial, fortalecería el marco legal en materia de competencia y garantizaría una protección más amplia tanto para los competidores como para los consumidores.
Además, con ello se podría resolver la forma fragmentada y accidentada con la que se ha tratado tema de la competencia desleal en diversas leyes de nuestro sistema jurídico, en el que todavía prevalece una visión desarticulada que limita seriamente la eficacia de las reglas en materia de competencia e incluso, permite la proliferación de prácticas abusivas a los consumidores y al propio interés público.
Maestro en Derecho Económico. Senador por Morena.
rafaelespino@fernandezespino.com