La designación por parte del INE de los diputados federales de representación proporcional y su aprobación por parte del TEPJF deberá realizarse una semana antes de que entre en funciones la nueva cámara baja.
En septiembre de este año inicia la nueva legislatura federal, la cual podría estar sobrerrepresentada si Morena y aliados logran que les den más curules que las contempladas en la Constitución Política.
El debate se debe a que la coalición del partido oficialista con el PVEM y el PT, a pesar de recibir el 54.7 de la votación, intenta obtener el 75 por ciento de las diputaciones federales.
Estas cuentas alegres las exhibió también la secretaría de Gobernación, próxima líder nacional de Morena.
El artículo constitucional 54 determina que ningún partido político podrá tener más del 8 por ciento de diputados federales de lo obtenido en la elección.
Nadie discute que la coalición oficialista ganó tanto la presidencia de la república como la mayoría de las diputaciones y senadurías.
Otro asunto es que pretendan a toda costa llevar su Plan C para tener una mayoría calificada en el congreso federal que les permita concluir sus fallidos planes A y B.
La pretensión principal de la 4T es quitar a todos los funcionarios actuales del poder judicial con la propuesta de que ahora tendrán que ser electos por voto popular.
Otra es llevar a cabo la intención presidencial de eliminar a los organismos autónomos pues con ello supuestamente se ahorrarían miles de millones de pesos.
De poco han servido los foros donde se han analizado las propuestas desde distintos puntos de vista sobre la reforma judicial pues la consigna es llevarla a cabo tal y como la presentó AMLO.
El alto riesgo de demoler sin justificación lo hecho en el poder judicial e improvisar en el camino como se les vaya ocurriendo es una seria amenaza para la democracia del país y los derechos de los ciudadanos.
Así lo han explicado especialistas en el tema, pero los nuevos legisladores de la 4T acatarán lo que les ordene su líder al igual que lo hará la nueva presidente.
Lo harán porque le deben el puesto a quien despacha en Palacio Nacional sin importarles la necesaria división de poderes ni las consecuencias adversas que tendrá dicha reforma para el futuro de México.
Algo tarde pero al fin la oposición reaccionó ante esta intentona oficialista y la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez emprendió junto con el frente cívico nacional y el PAN una campaña para evitar la sobrerrepresentación legislativa.
El que ha estado silencioso y cauteloso sobre el tema es Movimiento Ciudadano, el cual se considera la tercera fuerza nacional. Sus bancadas legislativas podrían jugar un papel decisivo para poder contrarrestar la mayoría oficialista.
Si el poder judicial pasa a manos de la 4T entonces se podría implantar un régimen no solo autoritario sino dictatorial al estilo venezolano o cubano.
Basta con revisar lo que sucede actualmente en Venezuela donde el organismo electoral y los tribunales sumisos obedecen las órdenes de Maduro.
No es nada nuevo en la historia de Latinoamérica que los presidentes en turno pretendan perpetuarse en el cargo para lo cual se proclaman como la voz del pueblo e intentan doblegar a toda costa a los poderes legislativo y judicial.
El resultado de estas intentonas de presidencialismos populistas demagogos disfrazados de nacionalistas es terminar en dictaduras como las que predominan en Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Dr. en Comunicación, docente en la Facultad de Filosofía de la UACh.
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