La obstinación presidencial por llevar a cabo su plan C podría causar una nueva crisis económica y política debido sobre todo a su cuestionada reforma judicial.
El INE le acaba de otorgar a la alianza oficialista una mayoría calificada en la Cámara Baja al reconocerle 364 diputados federales.
La presidenta de este organismo le adjudicó 30 diputados más de los que necesitaba la 4T para lograr su propósito de poder cambiar a su antojo los artículos constitucionales.
En cambio la oposición apenas contará con una bancada minoritaria de 136 legisladores por lo que todas las iniciativas oficiales serán aprobadas por trámite como sucedió en este sexenio.
Es obvio que los partidos opositores no hicieron su tarea ni siquiera para lograr contrarrestar a la aplastante mayoría oficialista.
Los resultados adversos están a la vista como la eliminación de los organismos autónomos que tenían el papel de ser una opción ciudadana para defenderse de las acciones gubernamentales.
Sin embargo el peor de los efectos inmediatos lo sería llevar a cabo la polémica reforma judicial, la que ya ha sido cuestionada nacional e internacionalmente.
De aprobarse por parte de la nueva legislatura tal iniciativa presidencial se podría desmantelar el aparato judicial que ha operado hasta ahora para experimentar con otro basado en la elección popular de los jueces, magistrados y ministros.
Los pocos avances que se habían logrado en la especialización de estos funcionarios judiciales sería suplida por el aval electoral, o sea que en lugar de la eficiencia profesional se optaría por la preferencia política mayoritaria.
Los especialistas han advertido sobre este sui géneris modelo que se pretende implantar en el sistema federal, el cual consideran que no garantizaría la imparcialidad en la impartición de la justicia.
Los embajadores de Estados Unidos y Canadá ya advirtieron que podría poner en peligro el T-MEC al no garantizar el estado de derecho.
La reacción del actual presidente y de la electa ha sido rechazar la intervención extranjera en asuntos que argumentan son soberanos del país.
Se les olvida a los dos que los tratados internacionales conciernen a los países participantes y si no se cumplen las condiciones legales con las que se suscribieron entonces pueden modificarse e incluso anularse.
Poner en riesgo el tratado de libre comercio entre EUA, Canadá y México que opera desde hace treinta años podría afectar seriamente la economía mexicana, la más vulnerable de las tres.
La más afectada sería la industria manufacturera de exportación, por hoy el motor de la economía nacional.
Además afectaría seriamente al sector agropecuario pues no solamente lesionaría a las exportaciones, como las de aguacate, sino también a las importaciones que se hacen sobre todo de maíz.
México sigue siendo un país dependiente que ha podido salir adelante a pesar de sus gobiernos debido a la alianza económica con las dos potencias norteamericanas.
Con todo el mayor riesgo para nuestro país sería perder la autonomía del poder judicial y que éste sea dependiente del ejecutivo.
La burda farsa del tribunal supremo de Venezuela al avalar el evidente fraude electoral de Maduro es una muestra de lo que sucede en una nación sin división de poderes.
La mayoría de los mexicanos no votamos por cambiar a un régimen dictatorial como el venezolano por lo que los ciudadanos debemos evitar las consecuencias de tener una mayoría legislativa que pueda afectar seriamente a nuestra democracia.
