México vive una guerra no declarada entre los grupos delincuenciales y la sociedad desde hace décadas que a pesar del cambio de gobierno no cesa y mantiene a la población en un estado de inseguridad y zozobra continuo.

Hablando de estado, de facto el llamado crimen organizado y el desorganizado se han convertido en un estado que opera impunemente en el estado mexicano.

La causa de ello no es tanto la cacareada pobreza sino la reinante impunidad que existe a lo largo y ancho del territorio nacional.

Las bandas de delincuentes asolan lo mismo las calles de las ciudades que las poblaciones rurales imponiendo su ley a la atemorizada sociedad.

Así decenas de miles de individuos amenazan, extorsionan, asaltan, secuestran, hieren y asesinan sin que autoridad alguna les impida cometer sus actos y menos que reciban un castigo penal.

El cuasi sexenio anterior fue fallido en seguridad pública con su demagoga prédica de “abrazos, no balazos”.

Al parecer se aplicó eficazmente pues los abrazos fueron para los delincuentes y los balazos para el ciudadano común.

La excusa del alto índice de criminalidad que campeó durante el gobierno de AMLO fue echarles la culpa a los gobernantes neoliberales anteriores.

Claro que sus antecesores en la presidencia fueron en su tiempo responsables de la inseguridad, pero eso no justifica que no se disminuyera la misma con una actuación eficaz.

La última excusa del anterior presidente fue que los violentos enfrentamientos entre los chapitos y los mayitos se debió a que los norteamericanos negociaron con los primeros para llevarse arrestado al Mayo Zambada.

Según la contradictoria lógica del mañanero presidente si no se hubiera detenido al famoso capo Sinaloa no estaría en la condición violenta en que se encuentra desde hace casi dos meses.

Esta postura es la que utilizan los políticos de la 4T como el legislador Mier que acaba de responsabilizar al priista Francisco Labastida de la caótica inseguridad sinaloense por su actuación cuando fue gobernador de esta entidad y secretario de Gobernación.

Eso sucedió en la década de los noventa por lo que es obvia su intención de no involucrar a su antiguo jefe mesiánico de Morena.

Lo mismo hace la actual presidente por lo que se pretende solo responsabilizar a los anteriores mandatarios como si el último no tuviera nada que ver con el aumento probado de criminalidad.

Los maleantes han aprovechado la ausencia de un estado de derecho para seguir con sus delitos pues saben que la mayoría de ellos no serán perseguidos y menos castigados con la cárcel.

La narco cultura imperante en buena parte del territorio nacional ha fomentado que los jóvenes opten por la ilegalidad como una forma de vida mejor que la del trabajo honesto.

Es para ellos más fácil y redituable formar bandas para obtener recursos en forma ilegal que invertir años en el estudio para lograr ser un profesionista.

La principal causa es desde luego la impunidad pues según estadísticas oficiales se denuncian menos de la décima parte de los delitos, de los cuales cuando mucho un dos por ciento son investigados y procesados los culpables.

La postura habitual de la 4T ha sido culpar de ello a los jueces por lo que intentan llevar a cabo su reforma judicial sin aplicar medidas para mejorar a las policías y a las fiscalías.

Las Administraciones públicas van y vienen de distintos colores ideológicos, pero continúa imperando el crimen convertido ya en un estado que opera impunemente en un estado mexicano que de derecho solo tiene el nombre.