BARRA MEXICANA, COLEGIO DE ABOGADOS DE CHIHUAHUA A.C.
Por: José Martínez Frausto (*)
Colaboración
En el mes de febrero del año en curso el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma en materia judicial. La parte fundamental de esta iniciativa es el cese de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de los magistrados que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (PJF), de los magistrados de Circuito y de los jueces de Distrito. En dicha iniciativa también se establece la eliminación de los magistrados y jueces de los poderes judiciales de los estados, para sustituirlos a todos por abogadas y abogados electos por votación popular, directa y secreta.
Las razones por las que se pretende fundar este cambio son la supuesta corrupción que existe en la gran mayoría de los jueces y que la SCJN está podrida. Sostiene el autor de la iniciativa que para acabar con la corrupción, la solución es la de sustituirlos para que los cargos que dejen se cubran con las personas que hayan obtenido el mayor número de votos en las elecciones que se llevarían a cabo.
Las anteriores consideraciones son totalmente erróneas, rayando en la estupidez. En efecto, el presidente de la República, en la iniciativa que suscribe, no proporciona cifras de los casos de corrupción que dice han existido en el PJF soslayando que los que se han denunciado, entre un universo de aproximadamente mil setecientos juzgadores federales, se han investigado por el Consejo de la Judicatura Federal y en su caso se aplicaron las sanciones previstas en la ley. Agrega que cesando a todos los jueces, magistrados y ministros para sustituirlos por los electos popularmente se hará la justicia pronta, expedita y gratuita, pero mentirosamente oculta el dato de que no hay ninguna evidencia de que algún tribunal cobre por su servicio de impartición de justicia a las personas que acudan al mismo. Omite señalar que durante su administración, en lugar de subir el presupuesto anual que se destina al PJF cada año lo ha reducido, lo que impide crear más tribunales y designar mas jueces para agilizar los trámites judiciales, e inclusive mañosamente no dice que de acuerdo a las estadísticas, por regla general anualmente se resuelven casi el mismo número de asuntos de los que ingresan.
Conforme a la iniciativa de reforma ya citada, aprobada por la Cámara de Diputados -con algunas pequeñas modificaciones-, de llegar a aprobarse por el Senado y por la mayoría calificada de los congresos de los estados, tendremos jueces, magistrados y ministros impreparados, sin experiencia en la administración de justicia, pues para ser ministro, que es el más alto cargo dentro de la judicatura, se exige haber tenido en la carrera un promedio de 8, experiencia de solamente 5 años, en tanto que para ser magistrado o juez se requiere el mismo promedio de calificación y solamente 3 años de experiencia. Es decir, se acaba con la carrera judicial de miles de abogadas y abogados, pues serán sustituidos por las personas electas por popularidad, aunque escasos de preparación y de experiencia, que se seleccionarán por los Comités de Evaluación del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo aquellas que sean simpatizantes o miembros de dicho partido.
En conclusión, si en definitiva se llega a aprobar la llamada reforma judicial, la presidenta de la República que tomará posesión del cargo el día 01 de octubre tendrá el control de los tres poderes, lo que la convertirá de hecho en una dictadora, pues podrá reformar a su antojo la Constitución, aunque se violen derechos humanos, ya que las personas no podrán tener una defensa adecuada en contra de los actos arbitrarios del gobierno, pues éste tendrá el control del poder judicial.
* Ex presidente de la Fe.Me.Ca y de la Barra de Abogados.