El actuar de las policías en nuestro país amerita un diagnóstico profundo y soluciones urgentes, dado el papel fundamental que desempeñan en la preservación del orden público y la protección de los derechos de los ciudadanos. Este editorial tiene como finalidad poner sobre la mesa una realidad que ha sido malamente “construida” a lo largo de los años, desde muchos frentes.
En ese sentido, como sociedad tenemos un clamor: que las autoridades impulsen a las corporaciones en torno a la transparencia y la rendición de cuentas, pero también en la certificación de sus procesos; que haya constantes y aleatorios de exámenes de confianza, profesionalización de elementos, capacitación de personal de cualquier nivel, el mejoramiento de armamento e inteligencia, así como dotar de una mayor seguridad social y de vivienda a los policías, entre otros.
La problemática debe atenderse mediante la asignación de un adecuado presupuesto federal a los estados y los municipios, y debe observarse desde diferentes frentes para llegar a soluciones tangibles, ya que, al paso de los sexenios federales, y contrario a lo que aspiramos como comunidad, los recursos y herramientas para las policías se han deteriorado gravemente.
Por otro lado, las excepciones de la Ley que permiten a las corporaciones negar información de manera discrecional, por considerarla “reservada”, es algo que hoy debe legislarse mejor, protegiendo siempre la información que realmente sea sensible. A la par debe implementarse un mecanismo de revisión periódica, por parte de los órganos internos de control, para cotejar ingresos monetarios de los elementos con respecto a sus bienes.
Si hablamos de cifras, de acuerdo con el Índice de Transparencia Policial en México (INTRAPOL), elaborado por la organización “Causa en Común” en el 2023, que analiza avances en ejes como la Certificación, Carrera Policial, Profesionalización, Seguridad y Régimen Disciplinario, arrojó como resultado que el promedio nacional de las corporaciones es de -43; Chihuahua fue calificada con un -58, uno de los promedios más críticos en México, solo por debajo de Yucatán y por encima de Sinaloa.
Esta información, plasmada en un mapa nacional, revela que ningún estado cumple con los estándares mínimos establecidos por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), lo que pone de manifiesto las deficiencias en materia de desarrollo policial y la necesidad de implementar medidas urgentes para mejorar la situación.
Tomando en cuenta lo anterior, los empresarios de Chihuahua estamos listos para coadyuvar, y permanecemos en la plena disposición de generar premios, reconocimientos o incentivos a policías destacados que demuestren un buen desempeño en su labor diaria, entre otros estímulos que detonen corporaciones más sólidas y comprometidas con su sociedad.
En contraparte, la actividad policial debe estar abierta a la observación y a la emisión de información sobre el comportamiento individual de los oficiales y de las operaciones de la institución como “un todo”, especialmente para saber si se están logrando los objetivos desde una perspectiva de costo-beneficio.
Esto porque en democracia es necesario crear sistemas complejos de contrapesos frente a los poderes policiales, ya que siempre habrá un riesgo de que se abuse de ellos o se utilicen con fines para los que no fueron creados.
Finalmente, consideramos fundamental desarrollar a nivel nacional un innovador esquema de carrera policial, a la par de promover un régimen disciplinario que mantenga el respeto y la fidelidad a las instituciones y a la sociedad misma.
La premisa debe ser: en democracia, a mayor transparencia, mayor eficacia y legitimidad policial.
