La reforma de Supremacía Constitucional impulsada por Morena constituye un claro asalto contra la Constitución y la democracia en México. Al eliminar la posibilidad de defensa ciudadana frente a abusos de poder, esta iniciativa pretende subordinar al Poder Judicial bajo los intereses del Ejecutivo. Desde Chihuahua, expresamos nuestro firme rechazo y, desde el Partido Acción Nacional, agotaremos todas las vías jurídicas, políticas y sociales para detener su avance y defender los derechos de los ciudadanos.
Impulsada sin el consenso ni el debate necesario, esta reforma no sólo sepulta el juicio de amparo, sino que despoja a los ciudadanos de su derecho fundamental a defenderse ante abusos gubernamentales. Al eliminar esta herramienta clave de protección constitucional, millones de mexicanos quedan en una vulnerabilidad absoluta, desarmados ante decisiones unilaterales del poder. Esto no es democracia; es imponer una Constitución a conveniencia, privando a los ciudadanos de un sistema de justicia que pueda contener los excesos del poder.
Además, la reforma vulnera la división de poderes al reducir la capacidad de la Suprema Corte de Justicia para revisar decisiones legislativas y ejecutivas, dejando a los ciudadanos desprotegidos frente a potenciales violaciones constitucionales. Con esta maniobra, Morena intenta someter la justicia a sus propios intereses, y desde Chihuahua advertimos que no acataremos una ley que coarte los derechos de los ciudadanos. Nuestra postura de resistencia civil ante cualquier intento de socavar las libertades de los chihuahuenses refleja nuestro compromiso con la defensa del Estado de derecho y de los derechos humanos.
Expertos en derecho han señalado las graves consecuencias de este cambio. José Luis Caballero, académico en derecho constitucional en la Universidad Iberoamericana, explica que la reforma “pone en riesgo los derechos fundamentales” al eliminar los contrapesos esenciales que permiten un Estado democrático. Suprimir la revisión judicial no solo politiza el sistema de justicia, sino que además limita el acceso a una justicia imparcial y equitativa, indispensables en un país que aspira a ser verdaderamente democrático.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado una profunda preocupación, advirtiendo que esta reforma es incompatible con los estándares internacionales de acceso a la justicia y limita de forma alarmante la autonomía judicial en México. Al eliminar los controles judiciales sobre las reformas constitucionales, México compromete tanto su credibilidad democrática como la protección de derechos. Un Poder Judicial sometido al Ejecutivo no cumple su función de proteger los derechos humanos ni la legalidad constitucional, y además pierde la confianza de la ciudadanía y la comunidad internacional, quienes exigen que México actúe conforme a sus compromisos con la justicia.
Es imperativo que esta reforma se rechace y se mantenga la justicia como un espacio autónomo, sin injerencias políticas ni partidistas. Un país democrático se sostiene sobre la garantía de que cada ciudadano puede contar con una justicia imparcial. Al convertir a los jueces en actores de la voluntad política, los derechos y libertades quedan en segundo plano. Por ello, hacemos un llamado urgente a los legisladores de Morena que valoren la democracia y los derechos humanos para que se pronuncien en contra de esta imposición autoritaria.
En el Partido Acción Nacional sostenemos firmemente que ningún gobierno, partido o grupo de interés puede colocarse por encima de la Constitución ni de los derechos de los ciudadanos. La justicia en México debe servir para garantizar la libertad, la dignidad y los derechos fundamentales de todos, no para blindar a los poderosos. Defenderemos la autonomía judicial y lucharemos en todas las instancias necesarias para evitar que Morena desmantele las garantías de justicia y libertad en México.
Lic. en Derecho, Diputado Local del PAN por el Distrito XVIII y Coordinador del Grupo Parlamentario