Septiembre es el mes de la Patria y paradójicamente también el mes en que finalmente fue aprobada la desafortunada reforma judicial de López Obrador, por los diputados y senadores de Morena y sus partidos afines, y por una tercia de senadores traidores a la oposición que los llevó a sus escaños.
Todos estamos de acuerdo, en que era necesaria una reforma en la materia, ya que las instituciones deben estar actualizándose a los nuevos tiempos y a los avances tecnológicos, lógicamente para profesionalizarse y brindar el mejor servicio a los mexicanos, no obstante, la reforma Judicial de López es un retroceso, fué aprobada fast track por los legisladores federales y por los Congresos locales Morenistas, los que no tuvieron tiempo de estudiarla y a la que no le movieron ni una coma, aunque digan lo contrario; Dicha reforma es un retroceso al poder Judicial entre otras cosas graves, porque desaparece de un plomazo la carrera judicial a la que se sometieron durante varios años la mayoría de los juzgadores actuales ( porque también hay recomendados, para muestra los ejemplos de las ministras Loreta Ortiz, Yazmín Esquivel, Lenia Batres, quienes sin formación en la carrera judicial fueron impuestas por el Tlatoani ya que son de toda su confianza.
La carrera judicial inicia por los puestos modestos dentro del poder Judicial, obliga a la preparación y al estudio a fondo y para llegar a ser titulares de los juzgados exige exámenes de oposición.
Con ésta reforma ya no se exigen experiencia ni excelencia, los únicos requisitos para aspirar a ser jueces, magistrados y ministros son, ser licenciados en derecho, con promedio mínimo de ocho, elimina el requisito de experiencia mínima, y tener calidad moral y ética; por supuesto, ser votado por el electorado, de donde se desprende que habrá jueces menos preparados pero muy populares.
Los defensores de la reforma judicial de AMLO y el mismo, han reiterado hasta el cansancio que cualquier abogado que tenga interés podrá participar en las elecciones que votará finalmente el electorado, los anterior es falso, porque la reforma ordena a grandes rasgos, que el Senado publique una convocatoria y cada uno de los poderes “propondrá” un cierto número de candidatos, mismos que serán evaluados por un comité y éste entregará dos listas, y los mejores “Perfiles” serán enviados al INE para que organice las elecciones, realice los cómputos, y difunda resultados. Los candidatos tendrán 60 días para hacer campaña, usando los tiempos oficiales en radio y televisión, y se prohíbe el financiamiento público o privado, ¿será?
El procedimiento está lleno de confusiones y dudas, dicen los defensores de la reforma que serán las leyes secundarias las que se encarguen de explicar el procedimiento a fondo.
Resultará muy complicada la elección de jueces magistrados y ministros, ya que hipotéticamente un elector deberá de conocer a cientos de candidatos para elegir solo un par de docenas. En las condiciones en que se encuentra el país ¿Con qué recursos se harán las elecciones de Jueces, Magistrados y Ministros?. Ha salido muy caro el capricho del Presidente, y eso que aún no empieza.