Seguimos con el análisis del Proyecto de nación que propone Morena y por lo tanto la presidenta electa dice que el pueblo “….otorga el poder político para visualizar los grandes problemas nacionales y sociales con espíritu estatal celoso del bien común”, por lo cual el gobierno, y sólo el gobierno, es quien decidirá qué es el “bien común”, sin importar la protesta de grupos afectados, ni construirá un consenso con el pueblo, la sociedad civil y mucho menos con otras corrientes ideológicas que no comulguen con una izquierda radical.
Propone darle continuidad al proyecto de la 4T, con un programa revolucionario, construido desde la izquierda, con las bases y el pueblo movilizado. “Asumimos con responsabilidad y conciencia histórica la herencia de los movimientos revolucionarios de nuestro país…refiriéndonos a aquellos movimientos sociales, dignos, como son; las movilizaciones de los ferrocarrileros y los médicos a mediados del siglo XX, las luchas de Rubén Jaramillo, Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, la juventud rebelde del 68, el movimiento del EZLN, el pueblo movilizado de Atenco, la fuerza combativa sindical del SME y la CNTE”.
No es la izquierda progresista a la que vamos, sino la izquierda rabiosa, que divide y enfrenta, que destruye y es enemiga; de la libertad económica, la generación de riqueza y empleos, de la propiedad privada, de la certeza jurídica de la tierra y de los negocios. El bien común que se busca, no es integrar los ideales de individuos, que se unen en una sociedad que les permita su desarrollo, económico, educacional, de salud y bienestar a través instituciones y leyes, en un ambiente seguro, libre y con aspiraciones para un mejor futuro para sus hijos. Es, el que decidan los ideólogos populistas.
Dentro de los 21 “Ejes temáticos” ya referidos, encontramos: Impuestos a las grandes herencias, impuestos a las ganancias de empresas monopólicas, impuesto único a las grandes fortunas. No se define quien calificará de “grandes” o de “monopólicas”, al ser discrecional, será un arma para tener en jaque a todos los adversarios políticos, reales o posibles. Impuestos progresivos para las viviendas abandonadas. Impuesto a los latifundios improductivos en tierras fértiles. Eliminar los salarios asimilados y el uso abusivo de la contratación por honorarios. Suspender el pago de la deuda externa. Igualmente, la calificación de “vivienda abandonada” y “latifundios”, la hará el propio Gobierno e irá por cualquier propiedad privada que deseé. Llegando a la expropiación. No pagar la deuda externa significará la debacle económica.
Lógicamente, habrá la elección por voto popular (de puros candidatos designados por el Ejecutivo), de jueces constitucionales, supremos y de derechos humanos. O sea, todo el poder judicial al servicio del Presidente.
También se habla de prohibir los fideicomisos públicos para la salud, educación, deporte, desarrollo económico, etc., creando además un “Poder Ciudadano” para fiscalizar por medio de asambleas populares el actuar de los gobernantes. ¿Así o más comunista?
Ingeniero Industrial y de Sistemas. Presidente de la JCAS
mmatac@hotmail.com
