Chihuahua es uno de los pocos estados que han rechazado suscribirse al convenio con el gobierno federal para la universalización de la pensión para personas con discapacidad que son mayores de 30 años. De acuerdo con organismos internacionales, más de mil millones de personas en el mundo sufren algún tipo de discapacidad, aproximadamente el 15 por ciento de la población mundial; de esa población, el 80 por ciento se encuentra en países en desarrollo. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce que existen barreras que socavan sus oportunidades económicas, de salud, de seguridad, de educación y por ende, son componentes para su marginación en una sociedad en la que suelen ser la “minoría más grande del mundo”.
Por primera vez en México un gobierno federal llevó a cabo una política nacional de atención a las personas con discapacidad, con la entrega de una pensión como un acto de justicia y contribución para mejorar su calidad de vida y disminuir sus condiciones de pobreza.
El Gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador promovió una reforma que fue aprobada por el poder Legislativo para elevar esa ayuda económica a rango constitucional. Así, el derecho a una Pensión Universal para Personas con Discapacidad quedó plasmada en el artículo 4º y para responder a esta nueva obligación del Estado, el Gobierno Federal convocó en diciembre de 2021 a todos los gobiernos estatales para que en conjunto financiaran el pago de estas pensiones a todas las personas mayores de 30 y menores de 65 años afectadas por discapacidades permanentes.
La mayoría de los gobiernos estatales ha respondido a esta obligación constitucional, actualmente ya son veinte los convenios vigentes que regulan un acuerdo solidario para que el costo de este programa lo sufraguen por partes iguales Federación y los gobiernos de los estados; gracias a ello hoy mismo compartimos la extraordinaria noticia de que, en las entidades con gobiernos identificados con la Cuarta Transformación, ya se le otorga pensión al cien por ciento de las personas con algún tipo de discapacidad permanente y todo indica que en los siguientes meses habrán de sumarse, al menos tres entidades, a este noble proyecto, que constituye una oportunidad para mejorar la situación de las personas que viven bajo esta condición en nuestra República.
Cada bimestre se entrega la pensión que ha ido en aumento: en 2018 no se contaba con ningún apoyo institucional, para 2019 la pensión inició con 2 mil 550 pesos cada dos meses; en 2020 el monto creció a 2 mil 620 pesos; para el siguiente año se incrementó a 2 mil 700 pesos; en 2022 y 2023 fue de 2 mil 800 y 2,950, respectivamente. Este 2024, las y los derechohabientes gozan de una pensión de 3 mil 100 pesos.
Lamentamos que el Gobierno del Estado de Chihuahua no se haya adherido a este convenio y que, a causa de ello, de las 101 mil 583 personas afectadas por alguna discapacidad, sólo reciban pensión 38 mil 371; lo que significa que sólo una de cada tres miembros de esta comunidad se beneficia de este apoyo, hasta ahora enteramente financiado con recursos federales.
Por eso los senadores de Morena, Andrea Chávez y un servidor, tenemos en la agenda inmediata el llevar a cabo gestiones que permitan aumentar en 2025 el número de beneficiarios y universalizarlo en 2026. Es justo hacerlo porque la mayor parte de estas personas sufren de una doble, triple o cuádruple vulnerabilidad: pertenecen a un grupo vulnerable, son mujeres, padecen discapacidades permanentes y sus familias viven en condiciones de pobreza extrema.
El compromiso es firme y honesto: no descansaremos hasta conseguirlo.
Ingeniero en Electromecánica con estudios de maestría en Ingeniería Ambiental y senador electo.
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