La suspensión provisional que impide la discusión de la reforma al Poder Judicial en el Congreso de Chihuahua es una clara defensa de los principios fundamentales que sustenta nuestra Constitución. No se trata de detener una propuesta por mero trámite, sino de asegurar que el procedimiento legislativo respete el marco normativo y la equidad que la sociedad demanda.
La Constitución no es un documento que pueda interpretarse o alterarse según los intereses de quienes ejercen el poder en un momento dado. La separación de poderes no es un principio menor; garantiza que ninguna instancia imponga su voluntad sobre el Estado de derecho. La suspensión que impide el análisis de esta reforma es un ejemplo de cómo el sistema judicial funciona como contrapeso, asegurando que cualquier modificación a las estructuras institucionales se realice conforme a los principios establecidos.
El debido proceso es una salvaguarda irrenunciable. No podemos pasar por alto la obligación de cumplir con los procedimientos fijados, ni ignorar los derechos de los ciudadanos que recurren al amparo para proteger sus garantías. Cuando una persona considera que sus derechos han sido vulnerados, tiene el derecho legítimo de acudir al Poder Judicial en busca de reparación, y es nuestra responsabilidad respetar ese proceso.
Este freno no es una derrota para nadie, sino una victoria para el Estado de derecho. Acatar la suspensión es un acto de coherencia con el compromiso que asumimos de defender la Constitución y las leyes que de ella emanan. Si no lo hacemos, fallamos no sólo ante la norma, sino también ante quienes representamos.
Hoy más que nunca, es esencial recordar que la justicia no puede ser manipulada ni utilizada para favorecer intereses particulares. La independencia del Poder Judicial es irrenunciable. Es el pilar sobre el cual se sostiene la equidad en una sociedad democrática, y cualquier intento por debilitarlo debe ser confrontado.
Esta lucha no es sólo por el presente, sino por el futuro de nuestra democracia y de nuestras instituciones. La suspensión que hoy frena esta reforma deja en claro que la legalidad sigue siendo el principio rector de nuestras acciones. No podemos ni debemos permitir que se erosionen los pilares de la justicia que tanto esfuerzo nos ha costado construir.
La justicia no se pone en juego ni está sujeta a negociación.
Lic. en Derecho, Coordinador del Grupo Parlamentario, Diputado del PAN por el Distrito Local XVIII
