En fechas recientes, hemos atestiguado una marejada -muy pintada de rosa- que se alarma por el proceso de discusión de la reforma judicial; siendo un tema que ya había abordado con anterioridad, es preciso que la información en torno a un tema tan polémico, se de a partir de información puntual.
En medio de una injerencia que invade las competencias de los diferentes poderes, tenemos, por un lado, que el Poder Judicial ha emitido resoluciones que buscan, a fin de cuentas, interferir en cuanto al análisis y discusión de este asunto que corresponde al legislativo.
Estas interferencias, han sido constantes: a finales del año pasado, la ministra Piña llevó a cabo una reunión privada, en casa de otro de sus compañeros ministros, en el cual se convocó en pleno proceso electoral, al dirigente nacional del PRI y al entonces coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez. Sin embargo, este no fue el único acto que la ministra Piña ha dado, buscando consentir a ciertos grupos políticos, ya que, en agosto de este año, ella mismo dio entrada a un recurso del dirigente del PAN, Marko Cortés, ara que la Corte fuera quien interpretara y definiera la manera de designar a las y los diputados plurinominales en el Congreso de la Unión.
Sin embargo, los actos de corrupción no solo se dan a los niveles más altos, sino que han permeado a diversos niveles del Poder Judicial: se ha dado cuenta de la venta de examines de oposición para jueces, a un precio que ronda los $200,000 pesos; no solo eso, sino que los concursos de oposición, esos que han salido a defender más de una persona desinformada, generalmente se ven impugnados por estar manchados con inequidad, influyentismo y falta de criterios objetivos, ya que, casualmente, son personas cercanas las que resultan beneficiadas con dichos procesos.
Estos y otros datos no son “otros datos” sino que son hechos reconocidos por el propio Consejo de la Judicatura Federal que muestran el grave estado del poder judicial, sobre todo respecto al nepotismo, que ha revelado que la mitad del personal de dicho poder, tiene al menos un familiar trabajando; y eso, solo es en el caso de las personas que son identificables por sus apellidos, sin contar otro tipo de parentesco, lo que equivale a 24,546 personas que gozan de dicho privilegio.
El nepotismo alcanza el nivel de jueces y magistrados, ya que un 67% y un 85.4% respectivamente, tiene familiares en el poder judicial, siendo el promedio en el caso de las y los magistrados, 4.7 familiares que laboran en este sector.
A manera de ejemplo, diremos que la persona que más familiares tiene laborando para el Poder Judicial de la Federación, tiene a 26 parientes, cuyos cargos van desde la magistratura, secretarios, actuarios y oficiales, lo cual se ha dado a conocer gracias al registro voluntario, lo que nos deja pensando en aquellos casos en los que dicha información se ha negado registrar.
Quisiera decir que lo anterior es todo, pero no: el Poder Judicial de la Federación, está plagado de quejas y entre 2004 y 2023, se han presentado más de 38,000 mismas que, en un altísimo porcentaje (cerca del 90%) se han desechado sin siquiera iniciar una investigación.
Ahora, admiten algunos que sí, que sí necesitan una “manita de gato” pero que les den chance… que no sea tan “extrema” como la democrática reforma que se propone desde Gobierno Federal. Esto nos recuerda los argumentos de aquellas personas que, tras verse expuestas ejerciendo violencia sobre otras, piden una segunda oportunidad, después de miles que se les han dado. Afortunadamente, a quienes se han enquistado este Poder no se les dará una oportunidad, sino que se abrirán espacios para dar paso a una oxigenación muy necesaria que permita recuperar la soberanía nacional y re colocar el poder donde pertenece: en la gente.
