Más allá del espectáculo mediático vivido recientemente con la aprobación de los cambios constitucionales por el Congreso de la Unión, particularmente en el Senado de la República y las legislaturas estatales, para la aprobación de la llamada reforma judicial, la iniciativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo se convertirá próximamente en ley del país.
Se escenificó un proceso legislativo atropellado, caracterizado por un incondicional apego al texto de la iniciativa presidencial enviada a las cámaras por el ejecutivo federal, misma que, presentada como antídoto contra el nepotismo y la corrupción judicial, elocuentemente recurre a la “voluntad popular” para remediar la ineficiencia e inoperancia de nuestros sistemas de impartición de justicia
Las reformas generarán incertidumbre institucional, ante la percepción del control ejecutivo y futura instrumentación de numerosos comicios de jueces, magistrados y ministros, en un país en el que no nos hemos especialmente distinguido por tener civilidad electorera, pero lo realmente relevante y superficialmente comentado será ver sus efectos en la economía nacional.
La percepción de independencia judicial es un factor fundamental para la certidumbre en el ambiente de la inversión, tanto nacional como extranjera. La gran tarea que tendrá por delante el gobierno federal será convencer a la comunidad inversionista que la citada independencia judicial no se ha comprometido, aspecto que no parece haberse adecuadamente considerado.
Rápidamente y anticipando esta problemática, el futuro secretario de economía Marcelo Ebrard Casaubón salió el pasado miércoles 11 de septiembre a medios de comunicación, para descartar que la reforma vaya a afectar negativamente la inversión extranjera en México. Afirmó que “la interacción económica no sólo va a continuar, sino que crecerá” y adicionalmente mencionó haberse reunido con ministros de economía de varios países con intereses en incrementar sus inversiones en nuestro país.
No así la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la que, acusando la insensibilidad del régimen para escuchar propuestas de otros actores políticos durante el proceso legislativo, consideró que lejos de mejorar y asegurar la independencia del poder judicial, la reforma lo coloca en una situación de extrema vulnerabilidad frente a intereses políticos y económicos. Mencionó que, con ella, lejos de fortalecerse el sistema judicial, “arriesga su independencia y eficacia, afectando directamente la vida democrática del país”. Anticipa la Coparmex que la pérdida del equilibrio entre poderes tendrá graves repercusiones en la actividad productiva del país, así como que la incertidumbre provocada afectará la inversión tanto nacional como extranjera, la confianza de los mercados y el desarrollo de proyectos clave para la economía mexicana.
En línea con la Coparmex, la calificadora internacional Moodys, proyecta que con las reformas se politizarán las resoluciones de los jueces federales y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comprometiendo la independencia del sistema. Concluye que habrá consecuencias crediticias por los cambios, que podrían ser significativas para la deuda soberana de México, moderadas para las empresas financieras y no financieras calificadas, compañías eléctricas y de infraestructura y bajas para los bancos. Prácticamente estima que la inversión privada en infraestructura en México carecerá de atractivo, a pesar de las sólidas perspectivas de la demanda. La preocupación de los inversionistas por la incertidumbre jurídica contribuye a la volatilidad financiera en el corto plazo al mermar la confianza, frenar inversiones, presionar la deuda y reducir las expectativas de crecimiento del 2025 en adelante.
El capital no tiene patria y exclusivamente se guía por la maximización de utilidades. La reforma judicial difícilmente mejorará el desempeño judicial y la eficiencia de nuestros sistemas de impartición de justicia y desafortunadamente abonará a la percepción de degradación de la independencia judicial, afectando el crecimiento económico y el desempeño futuro de nuestra economía.
