Aunque es evidente que el foco de los problemas en México como un estado fallido radica, sin duda, en el poder judicial, esta situación también involucra a los demás poderes del Estado. La reforma que Morena ha legislado, como señalaría Porfirio Muñoz Ledo con las patas, ha provocado en México algo así como una crisis constitucional. No quiero desestimar la necesidad de reformar el poder judicial; sin embargo, considero que es imperativo que los tres poderes se reformen conjuntamente. Aunque el poder legislativo es el órgano reformador debido a la legitimidad de los votos de sus representantes, es importante recordar que las mayorías también se equivocan. Es evidente que muchas acciones de esta reforma judicial van por el camino equivocado, afectando la estabilidad de la república. Es cierto que se requiere una reforma profunda del poder judicial, pero también es urgente llevar a cabo una reforma política que aborde las deficiencias en el sistema republicano en su totalidad."
"Reformar la constitución es sumamente delicado; se asemeja al efecto dominó. Cada pieza representa un aspecto fundamental de nuestro marco legal y social que es derribado por el anterior. Si se decide retirar un solo elemento, aunque parezca insignificante en un principio, se puede desencadenar una reacción en cadena que afecte la estabilidad de todo el sistema político mexicano. Esta metáfora resalta la fragilidad de las normas que rigen nuestra sociedad; al alterar una parte, corremos el riesgo de desmoronar estructuras legales.
Sin duda, la surgencia de los legisladores de Morena por llevar a “buen puerto” esta reforma ha obtenido los resultados que se obtienen cuando las cosas se hacen de esa manera, actuando con la prepotencia del que nunca ha tenido.
Los legisladores de Morena están enfrascados en lograr que la reforma al poder judicial sea irreversible. Sin embargo, esta reforma ha desatado una serie de reacciones que evidencian una creciente tensión entre los diferentes poderes del Estado. La más notoria de las oposiciones es el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara en contra de la reforma que ahora es ley. Para no hacer el cuento tan largo, el ministro Juan Luis fue propuesto por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y fue elegido en la terna enviada al Senado de la República el 6 de diciembre de 2018 para ser ministro de la Suprema Corte. Es decir, es un personaje cercano a Andrés Manuel, pero más que eso, es una persona congruente y preparada que logró encontrar el hueco legal en la reforma al poder judicial.
El problema aquí es que descubrió que la reforma que ahora es ley es inconstitucional; sin embargo, no tiene las facultades para sentenciar o cambiar una ley. Pero él, como juez, sí puede invalidar el ejercicio de esta ley.
La elección de un ministro de la Suprema Corte de Justicia en México es un proceso que, en teoría, refleja el poder del pueblo y su participación en el sistema democrático. La dinámica comienza cuando el presidente de la República propone a un candidato para ocupar un puesto en la corte. Este candidato es seleccionado de una terna, la cual se envía al Senado de la República. Los senadores, a su vez, han sido elegidos por el pueblo a través del sufragio. Por lo tanto, se puede argumentar que, indirectamente, el pueblo ejerce su poder en la elección de un ministro.
En defensa de la reforma, el presidente del Senado hizo una intervención; pero lo que llamó particularmente mi atención fue señalar la desobediencia constitucional que, a su juicio, han mostrado algunos ministros de la Suprema Corte. Noroña enfatiza que estas acciones han llevado al país a una "situación delicadísima" y a lo que él considera una verdadera crisis constitucional. Asegura que los ministros carecen de atribuciones según el artículo 40 de la Constitución, el cual establece las bases de nuestra república federal, democrática y representativa. Según su perspectiva, los ministros buscan sostenerse en este marco, ignorando las restricciones del artículo 135, que reserva atribuciones exclusivas al poder legislativo.
Fernández Noroña también pone de relieve la importancia de la soberanía popular, argumentando que esta radica en todos los poderes del Estado, incluido el derecho del pueblo a elegir, mediante voto universal, es decir, el poder de la mayoría. Pero, ¿será verdad que es la decisión de la mayoría? ¿No será acaso la voluntad de una sola persona?
Como si de una amenaza se tratara, el senador Fernández Noroña señaló la posibilidad de juicio político para los ministros de la Corte, un proceso que, de llevarse a cabo, podría poner fin a estas disputas, dado que los 8 ministros de la Corte tendrían que ser juzgados por la Cámara de Diputados.
Aunque es verdad que, en un principio, apoyé algunos aspectos de esta reforma, también señale algunos que son sumamente cuestionables.
César M. Fernández
