Sin lugar a dudas la educación, la creación y trasmisión de conocimientos es y seguirá siendo la mejor vía para mejorar vidas, generar oportunidades y llevar al progreso a naciones enteras. Se trata de la más potente y pacífica de las armas para transformar realidades.
En México, el derecho a la educación debe ser para todas las personas, obligando al Estado a impartirla y asegurarla. La propia concepción que permanece en nuestra Carta Magna obra de Torres Bodet, en la fracción II, inciso A de este artículo 3º. concibe a la educación como un sistema democrático considerando a la democracia como una estructura jurídica y régimen político sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento social y cultural del pueblo.
Esta definición fue adoptada por la UNESCO y trasladada a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948.
A través de la educación, puede darse la movilidad social, donde todas las personas tengan la oportunidad de adquirir los conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para contribuir a su propio mejoramiento. La educación pública permite y fomenta el ejercicio de ciudadanía crítica, informada y responsable, para participar activamente en la vida pública del país.
El sistema educativo mexicano enfrenta hoy por hoy enormes retos en cuanto a su calidad y ponen en riesgo que esta concepción sea una realidad.
Con el tiempo, la situación empeoró con un aumento significativo en la deserción escolar, problema que aún no se ha revertido. El modelo de clases por televisión fue un desastre, acrecentó la brecha digital y careció de evaluaciones; fue más una salida rápida para salir del problema que el diseño de una de las políticas públicas más importantes. Sumado a los problemas de ansiedad y depresión producto del aislamiento, se sumó la enorme presión que enfrentaron también los docentes y padres de familia.
Según datos del IMCO, en México, el 56% de los adultos entre 25 y 64 años no cuenta con estudios de educación media superior y 4.4 millones (4.7%) no saben leer ni escribir. En cuanto al rezago educativo, de acuerdo con el Coneval y El Universal, al menos 25.1 millones de personas presentan rezago educativo, es decir, el 19.4% de la población de México, convirtiéndose en la tercera carencia con mayor incidencia a nivel nacional, sólo por detrás de la falta de acceso a la seguridad social y a los servicios de salud. Esto indica que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cerrará como una de las administraciones con mayor rezago educativo.
Además, una gestión ineficiente de los recursos públicos destinados a la educación ha agravado el problema. Un claro ejemplo es el manejo del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA). Desde 1999, esta parte del Ramo 33 transfiere recursos a los gobiernos estatales para ser administrados por los Institutos Estatales de Educación para Adultos y los planteles de Conalep. Sin embargo, en la primera entrega de informes individuales de auditorías de la Cuenta Pública 2023, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó 7,486 millones de pesos del fondo y encontró varias irregularidades en su uso, afectando tanto al erario como a los resultados educativos. Los resultados de la auditoría muestran que aún estamos lejos de cumplir con estos principios.
¿Hasta cuándo permitiremos que estas deficiencias perjudiquen a las y los estudiantes mexicanos? México debe apostar en la educación como el motor de transformación hacia una sociedad igualitaria que apuesta por el desarrollo integral.